Concejales de Chillán recurrirán la Contraloría Nacional de la República, en Santiago, con el fin de que sea ese organismo el que analice el cumplimiento del contrato de concesión de las áreas verdes que el consistorio mantiene con la empresa OHL, desde fines de 2018.
Para tal efecto, contrataron los servicios el abogado Remberto Valdés Hueche, el mismo que los asesora como querellantes en la causa que se sustancia en el Tribunal de Garantía de San Carlos, donde se buscan responsabilidades en la fallida licitación de luminarias led, donde se investiga eventuales delitos de soborno, cohecho y lavado de activos contra el exadministrador municipal Ricardo Vallejos y el ex abogado asesor del municipio, Marcelo Campos.
En el caso puntual de las áreas verdes, los concejales han venido planteando de manera sistemática que la concesionaria no habría cumplido con sus obligaciones contractuales, lo que se confirmó a través de un informe emanado desde el contralor interno, Wenceslao Vásquez Seguel, quien sugirió hace unas semanas terminar el vínculo.
Frente a la demora del municipio en tomar acciones, seis concejales tomaron la decisión de recurrir al ente contralor para que este dilucide de una vez por todas las presuntas falencias de la empresa OHL que se venían planteando desde principios del año 2019.
El abogado Remberto Valdés confirmó que “nuestra oficina esta preparando, en conjunto con los seis concejales que son clientes de muestra firma, una presentación al señor Contralor General de la República, para que se fiscalice el contrato de áreas verdes de la Municipalidad de Chillán con la empresa OHL”.
El profesional agregó que en la actualidad “parecen patentes los incumplimientos en que esta empresa ha incurrido y queremos que la autoridad fiscalizadora máxima de la nación tome cartas en el asunto y eventualmente establezca la existencia de estas irregularidades”.
Asimismo, detalló, lo que se busca es “que instruya o en caso ordene instruir las investigaciones sumarias o los sumarios administrativos que sean necesarios para sancionar a los responsables o eventualmente establecer responsabilidades que vayan más allá. Si esto es así nuestros seis concejales están disponibles para que el perjuicio municipal que pueda haberse provocado sea resarcido por cualquier vía, ya se administrativa, ya sea judicial”.
Los concejales que se harán parte de esta presentación son Jorge Vaccaro Collao (RN), Juan López Cruz (PR), Nadia Kaik Gorayeb (RN), Patricio Huepe García (DC), Brígida Hormazábal Gaete (PS) y Víctor Sepúlveda Barra (PC).
“Nos obliga nuestro cargo”
El concejal Jorge Vaccaro indicó que “hacer esta presentación ante Contraloría es lo que nos obliga nuestro cargo, pues no podemos mirar hacia el lado. Ha pasado ya mucho tiempo y hay falencias en el contrato y la falta de riego tecnificado es un tema que no ha sido cumplido”.
El concejal Patricio Huepe remarcó que “la clave en este caso es el riego tecnificado y esta carencia es suficiente para terminar anticipadamente el contrato”.
Huepe mencionó que probablemente la Municipalidad de Chillán está analizando otros antecedentes que le den mayor peso a la rescisión del vínculo contractual y no exponerse a un demanda judicial que pueda ser rebatida por OHL.
En el informe del contralor Wenceslao Vásquez, este mencionó que “sin perjuicio de que el municipio adopte las medidas correctivas y sancionadoras conforme a bases, se puede arribar objetivamente a la conclusión de que en la materia expuesta, la empresa concesionaria ha incurrido en incumplimientos contractuales”.
Vásquez agregó que “las bases administrativas establecen que la municipalidad quedará facultada para poner término anticipado a la concesión, en cualquier momento y sin necesidad de interpelación previa alguna, cuando el concesionario incurra en alguna de las causales de incumplimiento que señala”.
El informe de Vásquez fue enviado a la Corte de Apelaciones, donde OHL presentó una acusación contra el concejal Camilo Benavente, quien criticó durante el 2019 las falencias de la empresa en mantención de áreas verdes y acusaba eventual detrimento de las arcas municipales al pagar por un servicio que no se estaría cumpliendo, entre otras carencias
