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Solo dos de las 50 querellas por DD.HH. en el estallido social se han formalizado en Ñuble

Cristian Cáceres

La imagen viral de un funcionario de la PDI que, en una autopista de Santiago, le enseña el arma de manera amenazante a una conductora que iba en una pista paralela, no solo generó molestia en el Gobierno, sino que volvió a poner en la mesa la necesidad de perseverar con cursos y capacitaciones sobre Derechos Humanos a las fuerzas de orden y seguridad.

La semana pasada se firmó un convenio entre Carabineros y la Seremi de Derechos Humanos, y en esta misma secretaría regional se volvió a firmar otro convenio, con Gendarmería, a solo días que se concretara una audiencia de amparo, en el Juzgado de Garantía de Chillán, tras las denuncias de un interno que acusa haber sufrido torturas por parte de otros internos, pero en una instancia propiciada por un teniente de la unidad.

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A esto se suman otros hechos recientes en la región, como el total desamparo y falta de explicaciones a una familia de Quilmo (Chillán) cuya casa fue allanada por error por parte de una patrulla del OS7 de carabineros, quienes encañonaron a la dueña de casa, semidesnuda y frente a su hija de 13 años; o la de la detención de un carabinero, quien fue formalizado en mayo por excesos en un procedimiento policial, hecho que afectó a un hombre denunciado por violencia intrafamiliar y su cuñado, quien también era carabinero, a quien detuvo de manera injustificada, solo por intervenir ante los excesos del funcionario.

“Lo que nosotros vemos es que no basta con un curso una charla sobre Derechos Humanos. Porque aunque es el camino a seguir, acá estamos enfrentando a un tema cultural, muy arraigado en algunas instituciones, y en algunas personas, más que otras”, analizó el director regional del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Daniel Concha.

La entidad regional, que se creó en Ñuble recién en 2019, ha presentado, solo con motivo del 18-O de ese mismo año, a la fecha un total de 50 querellas que incluyen a un total de 56 víctimas, más otras causas que se encuentran en estudio, precisamente, como la última denunciada en la cárcel de Chillán.

Sin embargo, “solo 26 de ellas están vigentes, ya que en algunos casos las víctimas han desistido de seguir adelante con la causa y otras se han cerrado por falta de pruebas”, agrega.

De estas, apenas dos han logrado ser formalizadas, terminando una con una condena de 300 días de presidio (pena remitida) y suspensión del cargo por ese periodo; y la otra con suspensión condicional del procedimiento.

Fuera del 18-O

Concha detalló que el INDH Ñuble totaliza otras 25 querellas asociadas a casos fuera del contexto de las protestas del estallido social. Sin embargo, los resultados tampoco han sido demasiado favorables respecto a las pretensiones de las querellas. De estas, 18 siguen vigentes, las otras siete ya terminaron, hay seis decisiones de no perseverar y una suspensión condicional del procedimiento.

“Al menos hemos visto un trato mucho mejor con los imputados en los calabozos policiales, eso lo hemos estado revisando constantemente y esperamos que se sigan capacitando en estas materias de Derechos Humanos”, concluyó el director de la entidad.

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Felipe Ahumada

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