Diversos operativos de incautación de vehículos de alta gama realizó a inicios de esta semana el Servicio Nacional de Aduanas en comunas de las regiones de Ñuble, Biobío y Maule, tras comprobarse que pese a ser adquiridos con franquicia para personas con discapacidad, estaban siendo utilizados por otras personas, lo que es ilegal.
Respecto a las diligencias realizadas en las comunas de Concepción, Yumbel, Chillán y Temuco, Claudio Cid, director de la repartición con asiento en Concepción y jurisdicción desde La Araucanía hasta El Maule, dijo a La Discusión que “de acuerdo al estatuto automotriz del país, no está permitida la importación de vehículos usados, salvo por una franquicia correspondiente a la Ley 20.422 que está hecha para discapacitados, que permite que personas con esta condición pueden adquirir vehículos especiales para su transporte personal, a los que a su vez se les permite realizar ciertas modificaciones ergonométricas y que sean automáticos”.
Por tanto, este tipo de vehículos usados cuya adquisición además debe estar visada por el Compin, solo pueden ser usados por las personas con discapacidad quienes los están comprando, y en ocasiones especiales, y conforme a las dificultades motrices de los interesados, pueden nombrar un tutor, siendo la segunda persona autorizada para conducirlos.
“Como nosotros tenemos el control de eso, y la facultad que nos otorga la ley para fiscalizar y corroborar que la franquicia otorgada sea bien utilizada, fue así que detectamos que los estaban utilizando personas que no estaban autorizadas y con base en eso, se les incauta y dejar a disposición los vehículos”, añade Cid.
En estricto rigor se detecta que quienes los estaban utilizando eran familiares de las personas que consiguieron su importación, tratándose vehículos como Hyundai Veracruz, un Chevrolet Camaro, una camioneta Ford F-350 y un Dodge Challenger, todo avaluado en US$ 49.236.
Dos opciones
De acuerdo al director regional de Aduanas, los dueños originales de estos automóviles aún pueden recuperarlos y así evitar una acción penal, sin perder de vista que se les estaría imputando el delito de contrabando, de acuerdo al artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas.
“Ellos pueden acceder a la posibilidad de pagar una multa equivalente al 30% del costo del vehículo. En ese escenario se le devuelve el vehículo, pero bajo control, es decir, se mantiene la condición de ser él y el tutor, si es el caso, los únicos quienes en adelante los sigan utilizando y no el hijo, el sobrino ni ningún otro familiar”, aclara.
De todas formas, en la Dirección Regional advierten que siempre resulta llamativo para ellos, como entes de control y fiscalización, que “una persona que sufra de alguna discapacidad intente comprar vehículos de mucha cilindrada o deportivos de gran capacidad, ya que por sus limitaciones físicas podría resultarles muy difícil conducir un vehículo de estos”.
La otra opción es la vía penal, ya que si los afectados no pagan la multa del 30% impuesta por Aduana, la entidad presentará una querella “y entregaremos todos los antecedentes a la Fiscalía para que se abra una investigación por contrabando”, advirtió.
Hasta el momento, entonces, no han ingresado estos antecedentes ni al Ministerio Público ni a los tribunales de competencia penal.
10 casos al año
Pese a lo llamativo que puede resultar este hecho, en la Dirección Regional explican que de los cerca de mil controles que se han realizado en este año, solo se ha detectado 10 casos similares entre La Araucanía y Maule.
“Y aunque alguien pueda pensar que es poco, lo ideal es que no haya ningún caso, porque estamos ante una ley creada para favorecer a las personas con discapacidad, entonces si se hace mal uso el tema podría no ser tan fácil de controlar. Por eso es tan importante seguir fiscalizando estas situaciones”, finalizó.
Hasta el momento, se descarta que entre estos casos haya una organización dedicada a ingresar vehículos usados de alta gama defraudando esta franquicia.
