Nuevamente episodios de malos olores atribuidos a procesos productivos son motivo de quejas de vecinos, quienes con justa razón plantean una afectación de su calidad de vida, y una vulneración del derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, consagrado en la Constitución.
A nivel local, los malos olores corresponden principalmente a la operación de plantas industriales o las plantas de tratamiento de aguas servidas, pero también a los desechos generados en actividades ganaderas, principalmente porcinos y avícolas, a la utilización de guano como fertilizante y al funcionamiento de rellenos sanitarios.
Como se sabe, las altas temperaturas aceleran algunos procesos biológicos, lo que explica la mayor frecuencia de estos episodios durante el verano. Lo que no se explica, sin embargo, es que pese a las denuncias y a las multas, algunos recintos sigan protagonizando estos episodios, como ocurre con el plantel porcino de la empresa Maxagro, que funciona
No es solo un problema ambiental, que se resuelve con la implementación de medidas de mitigación o control en la fuente emisora, es también un problema social muy importante, de partida porque afecta la convivencia entre vecinos, específicamente entre una empresa y la comunidad.
Lamentablemente, aquí como en el resto de Chile, este tipo de conflictos suelen registrarse en zonas rurales o bien en zonas urbanas periféricas o donde predominan familias de grupos socioeconómicos más bajos. Ellas sufren de los malos olores las 24 horas del día, los 365 días del año.
La fuerte segregación social en las ciudades explica esto último, dado que el valor del suelo es más bajo en las llamadas “zonas de sacrificio”. Por ello, una adecuada planificación territorial que no solo aborde las zonas urbanas permitiría ordenar el desarrollo de actividades molestas en el territorio, de manera de generar el menor impacto en la población.
En ese contexto, se debe destacar el esfuerzo de algunas empresas que han realizado las inversiones para el abatimiento de malos olores y principalmente, de aquellas que han modificado sus prácticas o procesos para no emitirlos o las que han implementado soluciones tecnológicas sustentables para reducir o eliminar la contaminación que generan.
Y si bien en nuestra región la mayoría de las empresas cumple con la normativa y mantiene una relación sin conflictos con sus vecinos, existe una minoría que no ha implementado las soluciones adecuadas, pese a las advertencias y sanciones, razón por la cual es fundamental que los vecinos afectados y sus representantes -como ayer ocurrió con ambos alcaldes- realicen las denuncias formales ante la autoridad pertinente.
Pero también parece ser necesario endurecer las sanciones que en la práctica no están cumpliendo el objetivo disuasivo, pues la cuestionada empresa Maxagro acumula más de 300 denuncias y reiteradas multas que, evidentemente, no la han llevado a modificar sus procesos y el impacto que producen, y menos el irrespeto por la comunidad y el medio ambiente que ha mostrado los últimos años.
