El ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto con la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, presentaron hace unos días los resultados de la mesa técnica de trabajo en relación al proyecto de ‘Regiones Más Fuertes’ ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Este esfuerzo conjunto involucró a los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuestos (Dipres), la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y asesores parlamentarios de la comisión.
El propósito principal de esta instancia fue acordar mejoras y ajustes al proyecto de ley de Regiones Más Fuertes mediante la presentación de indicaciones. Este proceso se llevó a cabo entre el 14 de julio y el 17 de agosto, con un total de 12 reuniones. Como resultado de estas discusiones, se acordaron 20 indicaciones, las que fueron ingresadas la semana pasada, centradas en las siguientes áreas: cambios en el ciclo presupuestario de los Gobiernos Regionales (Gores); limitación en la regulación del endeudamiento y otras facultades financieras (incluyendo la regla fiscal regional); ajustes en las normas sobre ingresos propios; modificaciones en el régimen de bienes; ajustes en relación a los fondos; reforzamiento de los mecanismos de control; y restricción en la aplicación del DL 1.263 (para clarificar el objetivo, el rol de la Contraloría General de la República, el sistema contable, etc.).
La directora de Presupuestos elogió el trabajo realizado por la mesa técnica, destacando que fue un espacio muy productivo. Agradeció la colaboración de los diferentes asesores que participaron en las 12 sesiones.
“Las indicaciones abordan temas como el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización, rendición de cuentas y control, cambios en el ciclo presupuestario de los Gobiernos Regionales, y la limitación en la regulación del endeudamiento y otras facultades financieras. Todos estos ajustes contribuirán a fortalecer el proyecto de ley y avanzar hacia una normativa permanente para los Gobiernos Regionales”, sostuvo.
El ministro Marcel, en tanto, resaltó que, aunque se han identificado diferencias políticas en relación al proyecto, hubo un consenso significativo en las áreas discutidas.
Subrayó que queda mucho trabajo por hacer para abordar los puntos críticos, y enfatizó que la prioridad es asegurar una legislación de calidad, en lugar de apresurar la aprobación del proyecto. Además, propuso que la comisión comience revisando los contenidos de rendición de cuentas, ya que es donde existen las mayores reservas.
Detalles de las indicaciones
En cuanto a la restricción en la aplicación del DL 1.263 de administración financiera del Estado, implicará que los gobiernos regionales estarán sujetos a las normas sobre información financiera, presupuestaria y contable, así como a regulaciones sobre control financiero y recaudación, pago y reintegro de fondos, bajo la supervisión de la Contraloría General de la República.
En relación a los ingresos propios, se clarificará la distinción entre tasas y derechos regionales, fortaleciendo la conexión entre los ingresos generados por tasas y derechos y su destino. También se realizarán cambios en la tarificación vial.
En el ámbito de bienes y fondos, se modificarán las competencias sobre los bienes fiscales y nacionales administrados por los gores, se establecerá un mecanismo de coordinación de competencias de bienes nacionales, se ajustarán las normas para la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y se cambiará la fórmula de distribución del Fondo de Apoyo Regional dentro del FNDR.
En relación al ciclo presupuestario, se aumentarán los requisitos para los procesos de elaboración del proyecto de presupuesto regional, se agregarán criterios para fortalecer el rol de coordinación de la Dipres en el anteproyecto de inversión regional (ARI), se reforzará la participación de Contraloría en el ciclo presupuestario y se fortalecerá la participación de las municipalidades en la elaboración del ARI.
En cuanto a los mecanismos de control, se fortalecerá el papel de la Subdere en la coordinación de la inversión regional, se realizarán cambios en los requisitos para los funcionarios de las unidades de la Gobernación Regional y se ampliará el papel del Consejo Regional en la aprobación de ciertas materias. También se mejorará la redacción de las causales de infracción grave a las normas de administración financiera en relación con la destitución y se supervisará la participación de los gores en entidades privadas.
Finalmente, en lo que respecta al endeudamiento y facultades financieras, se establecerán límites y controles adicionales en la regla de endeudamiento, se perfeccionarán las facultades del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y del Ministerio de Hacienda, se fortalecerá el papel del CFA en la fase preventiva, se agregarán restricciones adicionales en caso de incumplimiento de los requisitos de facultades financieras, y se extenderá la transitoriedad, además de modificar la redacción de la regla fiscal regional.
Según el seremi de Hacienda del Biobío, Sebastián Rivera, “las modificaciones presentadas son para dentro de la situación actual, dar mayor autonomía y responder con mayor presupuesto para los gobiernos regionales, pero también para generar instrumentos de mayor control presupuestario, y que también los gobiernos regionales sean parte de la regla fiscal con sus presupuestos. Esto quiere decir que no se sobreendeuden, que no gasten más de su proyección presupuestaria”, sostuvo.
Rivera puntualizó que las indicaciones apuntan a aumentar los mecanismos de control en la ejecución de los presupuestos regionales por parte de los gores en la iniciativa de norma.
“Va a generar algunos mecanismos de control que, a raíz de la contingencia a nivel nacional, también se vayan a discutir. En definitiva, se busca disminuir el umbral de transferencias directas, generar que la Contraloría General de la República esté en ciertos procesos, que Dipres también pueda orientar y ver los anteproyectos de inversión regional, que el Consejo Fiscal Autónomo también pueda generar opiniones en ciertos procesos con respecto a la inversión pública”, precisó el seremi de Hacienda de la macrozona que incluye a Ñuble.
Lento, pero seguro
Respecto de la posible ralentización de los avances legislativos en torno a la descentralización, producto del escándalo del caso Convenios, según el Doctor en Administración y Política Pública, y académico del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco, Cristian Quiroz; en términos generales, “lo primero es valorar el que exista una disposición política para dar continuidad al proceso descentralizador, que en nuestro país ha sido gradual y a veces muy lento, producto de trabas centralistas provenientes de gobiernos y parlamentarios de diversas líneas partidistas”.
Lo segundo, dijo, “es recomendable dividir la discusión entre la necesaria y urgente regulación en materias como transparencia, control de gestión, acceso a la información pública, Estado abierto y participación ciudadana, entre otras, que deben abordarse como respuesta efectiva y rápida a los casos que están siendo investigados. Ahora bien, las faltas a la probidad no sólo son una característica atribuible a los gobiernos regionales y municipalidades, sino que han existido casos en diversas instituciones públicas, por cierto también en algunas altamente centralizadas y jerarquizadas”. Por otra parte, aseveró, “se debiera discutir la profundización y fortalecimiento de los gobiernos subnacionales, es decir gobiernos regionales con mayores competencias y recursos, además de la efectiva transformación de las municipalidades desde administraciones a gobiernos locales”.
A juicio de Quiroz, “discutir legislativamente ambas iniciativas como una sola, está derivando en un debate sesgado, cortoplacista y cuyo resultado no garantice gestión pública más descentralizada, eficiente, transparente y oportuna; por el contrario, la contingencia puede impactar en medidas de control fiscal de dudosa efectividad, y de retroceso para la autonomía regional y local. En tal sentido, el proceso de ‘Regiones más fuertes’ tendrá que contextualizarse también en el proceso Constituyente y en las definiciones que en esta materia se propongan en el nuevo texto a plebiscitar”, advirtió.
Para la politóloga y académica de la Universidad de Concepción, Jeanne Simon, en tanto, producto del caso Convenios “seguramente se van a poner más lentos los avances para la descentralización. Igual, como sabemos, existe una agenda parlamentaria o legislativa bastante cargada, y otros temas tienen mayor prioridad para el gobierno. Por eso, no quieren entrar en conflicto o perder capital político en temas que desde el nivel central tienen menos urgencia”.
Como consecuencia, advierte, “sí va a ir más lento este proceso. Espero eso sí que sea seguro, aunque sea más lento, y que desde Presupuestos se vaya generando una estrategia que permita controlar bien los gastos, sin afectar de manera negativa la descentralización”, manifestó.
