Representantes de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín (JVRD) y de los “Blancos”, usuarios del canal Laja-Diguillín, convocaron a una asamblea masiva para este viernes, en San Ignacio, para informar sobre las implicancias de la resolución de la Dirección General de Aguas (DGA), que otorgó un aumento del caudal -de 22,6 a 33 m3/s- a la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu, en el río Laja, de donde se alimenta el Laja-Diguillín.
Calificaron la resolución como “ilegal”, pues “contraviene lo defendido por la propia DGA meses atrás, desconoce la resolución anterior de la DGA y desconoce una sentencia de la Corte Suprema”; y advirtieron el impacto negativo para todos los usuarios del Laja y del Laja-Diguillín, que en Ñuble permite regar más de 35 mil hectáreas.
Francisco Saldías, juez de aguas de la JVRD, dijo que “es preocupante y muy delicado. La posición de la DGA era mantener en 22,6 m3/s, y lo defendió en tribunales y ante recursos de reconsideración; y de la noche a la mañana, de oficio, aumentó a 36 m3, son 11 m3 adicionales que equivalen a 11 mil hectáreas que se dejarán de regar. En el verano, el Salto del Laja lleva 12 m3/s, entonces, aquí habría una sobreexplotación del Lago Laja”.
“Es gravísimo lo que está ocurriendo”, sentenció Saldías, quien apuntó al elemento político, dado que el presidente del Canal Zañartu es Patricio Sabag, hermano del exdiputado. “Contrató a abogados eminentemente políticos y ha existido una influencia política fuerte al interior del MOP, y al mismo tiempo, un amedrentamiento hacia los funcionarios de la DGA”, dijo
