Reacción y anticipación son dos conceptos clave de la planeación y gestión de riesgos de catástrofes naturales. En el primero, consistente en la respuesta ante los eventos, una revisión de lo ocurrido este año con los incendios del verano y las inundaciones del invierno nos muestran una adecuada coordinación y enlaces intersectoriales que permitieron un oportuno despliegue de recursos humanos y materiales, entendiendo las limitadas posibilidades que existen en el nivel regional y municipal.
Pero distinta es la evaluación cuando se analiza la capacidad de anticipación, de reducir o evitar las amenazas de una zona determinada.
Desde esta perspectiva, no se puede estar conforme, ya que en estos últimos años los factores de riesgo han aumentado significativamente y no han sido integrados en instrumentos de planificación que en muchos lugares de nuestra región brillan por su ausencia.
Estos tienen que ver con el cambio climático y la escasez de agua; también con el aumento de los monocultivos forestales que han cambiado la fisonomía y biodiversidad del territorio y por último, con la expansión urbana y su proximidad a áreas de alto riesgo, donde la “desobediencia” ciudadana y la falta de control por parte de los municipios se retroalimentan negativamente.
Y por si fuera poco, a todo lo anterior hay que añadir las temperaturas extremas, como las que se anuncian para este verano: superiores a los 40 grados entre Santiago y Chillán. Un fenómeno –anticipan los expertos- que se verá potenciado por una combinación de variables oceánicas y atmosféricas inéditas, que impactarían fundamentalmente en los meses de diciembre, enero y febrero próximos.
Ante este pronóstico, por primera vez con tanta antelación, el Gobierno publicó en agosto, en el Diario Oficial, el Decreto Exento Nº1367 que declara en Emergencia Preventiva a 13 regiones del país, desde Atacama a Magallanes. La importancia de tal documento es que agiliza todos los aspectos administrativos y de transferencia de recursos, permitiendo adelantar la etapa de preparación ante posibles incendios, ya que una de las lecciones aprendidas después del megaincendio del verano pasado es la importancia de desplegar todos los medios humanos y materiales 48 horas antes que ocurran los eventos anunciados por las alertas preventivas meteorológicas, que han resultado ser muy eficientes.
Los expertos coinciden en que por cada dólar que se invierte bien en prevención se podría ahorrar hasta 99 dólares en combate de incendios. ¿Entonces, por qué no se hace?
¿Es hora de una nueva institucionalidad? Es muy probable que sí, pero por sobre todo, se necesita adoptar un nuevo enfoque, a partir del concepto de gestión integral de incendios que otros países con realidades similares a la nuestra ya han aplicado con éxito y que permite articular una cadena de servicios interconectados, que van desde la conciencia, la prevención y actividades de detección temprana, hasta cartografías de riesgos y mayores recursos para la investigación y rehabilitación de daños.
Solo un enfoque sistemático y proactivo que guíe a las organizaciones de todos los niveles del Gobierno y del sector privado nos permitirán prevenir, responder, recuperar y mitigar los efectos del fuego forestal.
