A inicios de esta semana, la Municipalidad de Chillán comenzó a retirar de las principales calzadas del centro de Chillán las barreras divisorias que se instalaron en el apogeo de la pandemia del coronavirus, para otorgarle a los peatones un mayor espacio por donde circular, manteniendo al mismo tiempo las distancias sanitarias recomendadas por el Ministerio de Salud.
Si bien estas medidas se han replicado en diferentes ciudades del país, debido a que desde el mes de septiembre que caducó el periodo de Estado de Excepción, en la capital regional de Ñuble había un factor disímil y que, conforme lo observaron algunos concejales en la última reunión de Concejo, hacía recomendable continuar con las aceras divididas para peatones y conductores: el estado de las veredas.
La edil Quenne Aitken, quien lo manifestó en la reunión, explica que “esto lo he estado viendo a través de manifestaciones en redes sociales y también por lo que la gente te dice y una misma observa. Las veredas actualmente no son seguras para caminar, porque están siendo intervenidas, y es en especial difícil para la gente adulto mayor, las personas que se movilizan con sillas de ruedas, carritos o bastones, y para quienes van con cajas o bolsas”.
Incluso se han registrado en imágenes que circulan por la web de accidentes de personas que se han caído o resbalado en el centro de Chillán.
Sin embargo, el alcalde Camilo Benavente explicó que el argumento para el retiro de las bandas de división peatonal obedece a lo jurídico.
“Lo que pasa es que nosotros tenemos un contrato con la empresa de parquímetros y ellos nos iban a demandar. Ellos están hace dos meses pidiendo que abriéramos porque el 70 por ciento (de las calles con divisiones) eran calles donde había parquímetros”, explicó.
El jefe comunal expuso que para él lo ideal hubiese sido mantener la división a lo menos por calle El Roble, Arturo Prat, Constitución, debido a la gran cantidad de locales que generan colas de clientes.
“Entonces cuando había Estado de Excepción podíamos dividir, ya no basta solo con la alerta sanitaria”.
“Una obra de arte”
No es primera vez (ni la segunda) que la palabra “demanda”, “municipalidad” y “ECM” van juntos en un texto.
La empresa concesionaria tiene un historial de presiones y demandas judiciales en contra de un municipio que, desde hace más de una década que ha hecho públicos sus lamentos por haber firmado un contrato con ECM, sin embargo, “ellos redactaron un contrato que es una verdadera obra de arte. Ganancia absoluta para ellos, casi sin responsabilidades y que se hizo famoso por ser el primer negociado de parquímetros que ECM hizo en Chile, en el año 2007 (administración del exalcalde Aldo Bernucci) y ni más ni menos que con una vigencia de 30 años”, ironiza el concejal Joseph Careaga, quien fue testigo de la caída de una persona, tras tropezar en una zona de arreglos en la acera.
En efecto, para 2007 no existía en el país una ley que pudiera regularizar ni delimitar los contratos por la concesión de parquímetros, y eso hizo que en la capital regional de Ñuble aún exista una de las tarifas más altas del país.
Pese a que el exalcalde Sergio Zarzar más un equipo de concejales se reunieron en diversas oportunidades con los representantes de ECM para buscar superar lo que consideran tarifas abusivas, tales cónclaves jamás rindieron frutos.
“La verdad no sé porqué”, dice el exconcejal Juan López Cruz, quien asistió a varias de estas reuniones.
“Se hicieron revisiones de este contrato para buscar posibilidades de finalizarlo, pero nunca los alcaldes quisieron hacerlo. Creo que no hubo voluntad”, añadió.
Otro exedil, Jorge Vaccaro, añade que “si una empresa que siempre está amenazando con tomar medidas judiciales, se coloca al margen de la ley y eso se puede ver con un buen estudio jurídico externo. Ahora, yo vi disposición en su minuto, por parte de la empresa para llegar a ciertos acuerdos, pero tiene que haber un buen equipo negociador en la municipalidad”.
Es en este punto en que el alcalde Benavente dice que “se trata de un contrato draconiano” y que “ni siquiera contempla multas en caso de incumplimientos, o sea ellos hace lo que quieren”.
Además, ECM demandó al municipio por más de $4.500 millones por permitir que los vehículos se estacionaran en las veredas y bandejones, porque “así estaba establecido en el contrato”.
Otras calles por mientras
Finalmente, y ante un contrato que parece inexpugnable, la concejala Quenne Aitken sugiere que “se pueda conversar con la empresa y negociar que mientras se arreglan las veredas de algunas calles, ellos puedan cobrar por estacionamientos en calles que actualmente no tienen parquímetros. Si de todas maneras ya casi no hay calles dentro de las cuatro avenidas que no estén siempre llenas de autos estacionados. Eso, al menos, hasta que se arreglen las veredas”.
