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Vecinos de la villa Ferrocar acusan cierre ilegítimo del acceso que los conecta con la Avenida O’Higgins y recurren de protección contra dueño de predio

Mauricio Ulloa

Las familias, quienes por cerca de 50 años habitan la villa Ferrocar, tienen hoy como única opción de salida a la avenida O´Higgins, un camino trasero cuyo ancho no supera los 2,70 metros. “Y el problema, no es tanto que nos tengamos que ir a dar una vuelta más larga para poder salir a la ruta, sino que por ahí no pasa, por ejemplo, un carro de bomberos, que según preguntamos, tienen 2,80 de ancho”, dice Guadalupe Arias, residente del lugar.

Esto, debido a que los dueños de un predio de cerca de 600 metros cuadrados, por donde deben cruzar para salir al exterior, decidieron poner una pandereta para cerrarlo y ponerlo en venta.

“Entonces, si hay un incendio no hay cómo salvarnos. Para el camión de la basura, el del matapolvo o para una ambulancia, tampoco es fácil pasar por ahí, y hay que considerar que la mayoría de las personas que viven acá son adultos mayores”, añade.

Aseguran que para ellos ha sido infructuoso (rotundamente) el poder dialogar con los dueños del predio aledaño.

Idolio Ortiz, uno de los dueños del predio, explica que tienen a la ley de su lado.

“Nuestra familia era dueña de este terreno desde mucho antes que se instalara esa villa. Por lo demás, cuando a ellos les entregaron ese lugar para hacer sus casas, la salida que les dieron siempre fue la otra, la que está atrás y en ningún caso se les había autorizado a abrir un paso por nuestro terreno”, explicó.

Por lo demás, en la familia Ortiz advierten que ya hubo reuniones con funcionarios municipales para aclarar esta situación tras recibir los reclamos por parte de estos vecinos que se sienten perjudicados por una acción, a su entender, ilegítima.

“Lo que nosotros pretendemos hacer es vender este sitio, por esa razón se mandó a realizar el cierre. Esto se lo explicamos a la gente de la municipalidad y les dijimos que si ellos querían comprar para hacer esta salida, nosotros estábamos dispuestos a negociar, pero a precio de mercado”, detalló el propietario.

Considerando el lugar en el que se encuentra el paño y el aumento del precio del metro cuadrado en Chillán, especialmente desde que se convirtió en capital regional, “estamos hablando de precios que no están al alcance ni de lo que puede ofrecer la municipalidad, ni los residentes de esa villa”, zanjó Ortiz, dejando así un ínfimo margen para otro tipo de soluciones.

Recurso de protección

En estricto rigor, la familia Ortiz no infringe ninguna ordenanza al realizar un cierro perimetral en un predio que, legítimamente, les pertenece.

Si se entiende, además, que en nuestra actual legislación no existen herramientas, salvo una posible expropiación, para forzar un paso público por medio de un predio particular que no cuenta con paso de servidumbre.

“Y a nosotros, ya nos dijeron que la municipalidad no tiene recursos para expropiar ese terreno”, explicaron los vecinos de la villa.

Por lo tanto, desde lo legal, la clave estará en revisar en qué condiciones se regularizaron estos loteos.

La villa Ferrocar, creada para exfuncionarios de Ferrocarriles y de Carabineros, tiene sus orígenes a principios de los años 70.

La concejal Brígida Hormazábal, quien es además residente del sector, explica que “hubo, después del golpe de Estado, en el 73, un cambio ilegítimo de los planos, específicamente en 1988, y los planos originales se encuentran en la segunda sala de los concejales en la municipalidad”.

Por esta razón, los vecinos presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Chillán.

El tribunal de alzada, de todas maneras, aún no ha emitido fallo por no contar con evidencias de la existencia del cierre, razón por la que se solicitó a Carabineros que acudiera a terreno para adjuntar un set fotográfico.

La edil ahonda en la historia de este cambio y detalla que “en 1988 se hizo este cambio para evitar que hubiera una salida hacia la población Santa Elvira. Querían que se hiciera por avenida Ecuador.

Por eso, “lo que nosotros tenemos que hacer es consignar en tribunales toda la documentación legítima y evitar, mediante este recurso de protección, que se le cierre el paso a todas estas familias”.

El otro camino, el municipal, es igual de incierto.

Personal tasador del consistorio emitió un informe que avaluaba el terreno en un piso de 260 millones de pesos.

La última adquisición de terrenos por cuenta del municipio, fue para levantar una junta vecinal que se hizo para una población tan populosa como la Sarita Gajardo, logrando la aprobación de un RS (Responsabilidad Social) para ocupar 80 millones. En contraste, en la villa Ferrocar son sólo 13 predios y lo que necesitan son 180 millones más.

En el municipio no descartan propiciar un arreglo del camino trasero, como solución, aunque también están a la espera de  lo que resuelva la Corte de Apelaciones de Chillán.

Mientras, tanto, el predio sigue cerrado.

Mauricio Ulloa

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