El abogado Gonzalo Guajardo Gavilán presentó un requerimiento a la Contraloría Regional de Ñuble en el cual le solicita al órgano contralor un pronunciamiento por la participación del alcalde de Chillán, Sergio Zarzar, en una conferencia de prensa, donde según sus palabras, “actuó como orador en favor de candidaturas de Chile Vamos, entre estas la de Paola Becker y Jezer Sepúlveda, hecho ocurrido el martes a mediodía tras conocerse la sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones que revirtió el rechazo a su candidatura resuelto el pasado 10 de febrero por el Tribunal Electoral Regional”.
“Con este requerimiento, se busca que las autoridades respeten las directrices emanadas desde la Contraloría, absteniéndose de utilizar sus cargos para favorecer las candidaturas de su coalición política”, declaró el abogado, agregando que “no es primer vez que se le llama la atención al oficialismo respecto de la prescindencia electoral y del respeto a la probidad administrativa que autoridades deben guardar. Recordemos que a principios de febrero hubo acusaciones de intervencionismo electoral por parte de jefes de servicio y seremis en favor del candidato a gobernador regional del oficialismo. Ahora se suma este hecho, lo que no se puede dejar pasar y por ello se hace esta presentación a Contraloría”.
En el escrito, Guajardo Gavilán hace referencia al dictamen E50319N20 de fecha 10 de noviembre de 2020 de la Contraloría General, el cual imparte instrucciones con motivo de las elecciones municipales, de gobernadores regionales y de convencionales constituyentes del próximo 11 de abril. Dicho dictamen establece que tanto las autoridades municipales como regionales se encuentran sometidas al principio de probidad administrativa, con lo cual, en el ejercicio de sus cargos, están impedidos de realizar actividades de carácter político contingente, siendo impedidos de “hacer proselitismo o propaganda política, promover o intervenir en campañas o participar en reuniones o proclamaciones para tales fines y, en general, valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar, por cualquier medio, candidaturas, tendencias o partidos políticos”.
