Hasta el mes de marzo de 2019 los reclamos emanados de diversas testeras municipales del país se hicieron una sola voz para quejarse de no contar ni con el personal, ni con los elementos técnicos ni los recursos, para poder retirar los cables en desuso del tendido eléctrico urbano, al que con justa razón se le conoce como “basura aérea”.
Es por esta razón que cuando en agosto del mismo año, el Congreso aprobó una ley que multaba con hasta 1.000 UTM a las empresas y operadores dueños del cableado aéreo y subterráneo que no retirara aquellos que ya no cumplen función, las autoridades comunales, regionales y representantes del Congreso de Ñuble, aplaudieron la medida.
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Y ahí siguen, inútiles, feos y contaminantes, a más de tres años de los aplausos de despedida.
Al menos, conforme a lo estimado por la Municipalidad de Chillán, el mismo mes del anuncio se alcanzó a retirar cerca de seis kilómetros, equivalentes a unos 800 kilos de material, específicamente, del cuadrante comprendido por las calles Libertad, El Roble, Constitución y Maipón, desde O’Higgins hasta Isabel Riquelme. El año
2020 concluyó con el retiro de un total de 39.608 metros, equivalentes a 3.437, 5 kilos.
Sin embargo, todo fue gestión municipal, y nada por parte de las empresas de telecomunicaciones.
Por lo demás, decretadas las restricciones sanitarias por causa del coronavirus, los trabajos municipales cesaron sin que se volvieran a reactivar.
Esta situación motivó la solicitud de parte del concejal, Pedro Sánchez, quien en base a la ley ya existente, pidió en la reunión edilicia celebrada ayer, que se apurara a la empresas para retirar sus cables en desuso.
“De repente uno ve que hay cables que ya están por el suelo, otros están enrollados en los postes. Hay otros municipios que ya han tomado la decisión de retirar los cables que están en desuso y nosotros, tal vez ya el próximo año, podríamos ver cómo hacer para que la municipalidad tome parte en esto y se comiencen a cobrar esas multas”, dijo el edil en su espacio de incidencias.
Coincidentemente, Domingo Díaz, jefe del Departamento Eléctrico del municipio, confirmó a La Discusión 
que -basándose en la actual ley- “estamos ya en etapa de revisión de la nueva ordenanza municipal, con la que vamos a ejercer mayor presión a estas empresas, así que esperamos que en los próximos meses o tal vez a fin de año tenerla aprobada”.
Más que un ejercicio coercitivo redundante, esta ordenanza se redacta para resolver, además, un vacío que dejó la última ley,
“Esta ley no le exige a las empresas marcar sus cables con algún color u otro elemento distintivo su cableado, de tal manera que a la hora de realizar reparaciones o retiros los puedan identificar. Por lo demás, hay cables que pertenecen a empresas que ya no existen, y si hubiesen estado marcados los podríamos distinguir con facilidad, pero la verdad es que solo vemos cables negros, pese a que hay maneras de revisarlos para identificarlos, finalmente”, añadió el ingeniero, quien estima que cerca de un 70% del cableado existente en el centro de Chillán, es basura aérea.
Seremi en conversaciones
Hecha la ley, la única explicación que haga comprensible el porqué las empresas han hecho caso omiso al llamado a retirar el material de los postes, es que “nadie los está presionando. Primero, con la pandemia se paró todo y luego con el cambio de Gobierno, yo no he visto mucha premura”, añadió Díaz, quien asegura haberle enviado diversos correos al seremi de Transportes, Javier Isla, pidiendo celeridad.
“En estos momentos hemos sostenido ya algunas reuniones con las empresas para solucionar este tema. Estamos trabajando y analizando las maneras de abordar esto”, respondió el seremi a La Discusión.
Actualmente, la municipalidad cuenta con la potestad de informar a cada empresa respecto a los cables que no prestan servicio alguno y otorgarles un plazo de cinco meses para el retiro de este material.
De no haber respuesta, se puede pasar a las multas, que como lo estipula la ley, pueden llegar a casi $50 millones.
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