Encontrar una solución al problema de la corrupción no es una tarea sencilla y de hecho, el panorama internacional nos muestra que es muy difícil dejar atrás una historia de descomposición institucional profunda. Basta observar que solo un país en los últimos 50 años, Singapur, logró pasar de ser extremadamente corrupto a transparente. Y si bien es cierto que la pujante ciudad Estado realizó una verdadera transformación desde sus tiempos de colonia británica, cuesta tomarla como ejemplo a la luz de sus gobiernos autoritarios, personalistas y poco democráticos.
Surge, entonces, una pregunta incómoda: ¿Es posible superar el problema de la corrupción en nuestro país?
Quienes nos gobiernan creen que sí, pese a que muchas personas creen que la respuesta es negativa y que incluso es parte de la explicación del descontento ciudadano que derivó en el estallido social.
La última encuesta del Consejo para la Transparencia (CPLT) muestra una alta percepción ciudadana de corrupción en el sector público, experimentando un alza de 11% respecto de 2017. En el estudio, divulgado en febrero pasado, también se consigna que el 18% de los encuestados señala haber sido testigo de algún caso de corrupción en el sector público en el último año, lo que llevado a nivel país significaría que más de 3 millones de personas ha observado alguna irregularidad, desde el pago de un soborno hasta la entrega de “sacralizados” regalos a los funcionarios para fiestas patrias o fin de año.
Así, bajo una resignada concepción, la corrupción ha ido quedando relegada al lugar de un problema meramente moral, conceptos que permiten pensar en políticos que “roban, pero hacen la pega” como algo positivo o al menos tolerable o que el crecimiento económico basta para solucionar todos los problemas. Y es que si bien es cierto que los países con mejores resultados en el índice de percepción de la corrupción presentan un PIB per cápita elevado, Chile es el mejor ejemplo de que es perfectamente compatible progresar económicamente y no volver más transparente la actividad política. En otras palabras, el crecimiento y la corrupción pueden coexistir perfectamente y, por lo tanto, debemos pensar en otras herramientas si queremos solucionar el problema.
En este sentido, la clave es desarrollar un sistema en el que las prácticas corruptas sean difíciles de llevar adelante y en el que exista riesgo real para los funcionarios de ser condenados por sus acciones. Lo que se necesita es obvio, pero difícil de lograr: reforzar la autonomía de los poderes del Estado, revisar constantemente el orden administrativo buscando la transparencia. Una burocracia lenta que se mueve de acuerdo con la tendencia política es un gran facilitador de la corrupción. Y, finalmente, es invaluable la función de los medios de comunicación independientes y de las organizaciones no gubernamentales para oficiar como controles externos cuando las herramientas estatales fracasan.
La corrupción, desde todo punto de vista, es incompatible con un nuevo Chile, más justo tolerante, inclusivo y feliz. Demandarle a la política y a sus actores que pongan su voluntad contra ella no es, entonces, una pretensión demasiado alta sino, simplemente, el único camino que tenemos hoy para salir de la crisis de confianza en las instituciones en que nos encontramos.
