Este próximo 6 de mayo, cuando resten sólo tres días para que se cumplan dos años de la primera formalización por el llamado “Caso Led”, se cerrará de manera definitiva la investigación judicial de la causa, cuyo plazo de ampliación se modificó en cuatro oportunidades.
Así lo confirmó la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, quien precisó que “ya no solicitaremos más ampliaciones porque todas las diligencias que necesitábamos están realizadas, y si bien el plazo de cierre es este 6 de mayo, nuestra intención es presentar la acusación a fines de abril”.
[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”Leer más” collapse_text=”Menos” inline_css=”width: 100%” ]La fiscal aseguró, además, que “no habrá nuevas personas formalizadas”, poniendo así, término a una serie de rumores que se daban respecto a otros funcionarios de la Municipalidad de Chillán y una eventual participación en los hechos de cohecho y soborno que se investigan en este caso a nivel nacional.
Desde el Ministerio Público detallaron a LA DISCUSIÓN, que las investigaciones realizadas y ordenadas a la Policía de Investigaciones les permitía afrontar el resto de las etapas procesales con el convencimiento pleno que los delitos que formarán parte de la acusación responde a hechos concertados y ejecutados con posterioridad al 20 de noviembre de 2019, fecha en que se modificó la Ley Anticorrupción en el país, con lo que se les otorgó pena de crimen y –en consecuencia- aparejadas con penas privativas de libertad, partiendo en 3 años y un día de cárcel.
La fiscal Mansilla, quien ha contado con el apoyo investigativo y ejecutivo de la causa de la fiscal adjunta de Chillán, Paulina Valdebenito, tiene en sus manos las carpetas con todas las aristas de este delito que reviste carácter nacional, luego que así lo dispusiera en 2020 el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, por lo que en su escritorio se conservan las carpetas relacionadas con las indagaciones a los ejecutivos de la empresa Itelecom S.A., funcionarios del Ministerio de Energía y funcionarios de las municipalidades de Chillán, Negrete y de Coyhaique.
La arista que involucra a funcionarios de la municipalidad de Iquique, sin embargo, no está siendo estudiada por la fiscal Mansilla, ya que se comenzó a investigar incluso antes que el caso chillanejo, por el Ministerio Público de esa región del norte.
Luego de tramitaciones en el Juzgado de Garantía de San Carlos y en el de Chillán, finalmente y por solicitud de las defensas de los dueños de Itelecom, quienes argumentaron que el principio de ejecución del delito se ubica en Santiago, la causa se está tramitando en el Séptimo Juzgado de Garantía de la capital nacional.
Principio de objetividad
La causa, que presenta más de una veintena de imputados, incluyendo a los de Iquique, tiene en carpeta a tres personas de la ciudad de Chillán, que fueron formalizadas por el delito de cohecho.
En primer lugar, destacan el exadministrador municipal, Ricardo Vallejos y quien fuera en ese mismo periodo, asesor jurídico de la Municipalidad de Chillán, el abogado Marcelo Campos.
Ambos fueron detenidos el 5 de mayo de 2020, y puestos en prisión preventiva tras su audiencia de formalización, cuatro días después.
Y en segundo lugar, el exconcejal de la comuna, Víctor Sepúlveda, a quien se le formalizó en noviembre del 2021, quedando con la medida cautelar de arresto domiciliario total.
Antes, en el mes de mayo, la Corte de Apelaciones revocó la prisión preventiva de Campos, sustituyéndola por la de arresto domiciliario total y un mes después, la defensa de Ricardo Vallejos, consiguió lo propio.
El abogado Giovani Gotelli, representante de Marcelo Campos, dice que “la verdad es que seguimos insistiendo en que los hechos ocurrieron de una forma muy distinta a la manera en que las propone el Ministerio Público y en momentos diferentes, además”.
Por lo tanto, respecto a la acusación venidera, el jurista dice que “sólo espero que la Fiscalía cumpla con el principio de objetividad que se debe esperar de ella. Nada más”.
En tanto, Guillermo Valdés, abogado defensor de Víctor Sepúlveda, comentó que “nosotros no hemos vuelto a pedir nuevas copias de la carpeta porque no ha pasado nada relevante respecto a la causa de mi representado, de quien sigo insistiendo en lo débiles que me parecen las pruebas que hay en su contra; y en su total inocencia”.
En la arsita santiaguina, el principal imputado es Marcelo Lefort, dueño de Itelecom, empresa que habría realizado coimas y sobornos en diversas municipalidades del país para conseguir adjudicarse los procesos de licitación para el recambio de luminarias públicas a tecnología led.
De hecho, admitió haberle entregado 30 millones de pesos a Campos por concepto de soborno, dinero que fue incautado por la PDI, dando inicio al resto del proceso.
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