Los diputados de la Bancada UDI que representan a la Región de Ñuble, Marta Bravo y Cristóbal Martínez, enviaron esta mañana una carta al Presidente Gabriel Boric, donde le solicitaron -con carácter de urgente- adoptar una serie de medidas administrativas y legislativas con el fin de enfrentar la grave crisis migratoria y de seguridad por la que actualmente atraviesa todo el país.
Al respecto, y junto con calificar como “absolutamente ineficientes e ineficaces” las acciones que ha emprendido el Gobierno, los parlamentarios gremialistas anunciaron el envío de una reforma constitucional para ampliar de cinco a diez días -con la posibilidad de extenderse por cinco más- el plazo de detención de los extranjeros con órdenes de expulsión pendientes, luego que este jueves las autoridades advirtieran que los 60 venezolanos que iban a ser deportados a su país, pero cuyo aterrizaje fue negado por el gobierno de Venezuela podrían quedar libres dentro de los próximos cinco días.
Pero además, para evitar que a futuro sigan ocurriendo situaciones como la anterior, Martínez y Bravo también propusieron la creación de un Centro de Retención Transitorio en la zona norte del país, donde puedan permanecer no sólo los extranjeros con órdenes de expulsión vigentes y a la espera de ser deportados, sino que también las personas que ingresen de manera irregular a Chile.
“Estamos presentando un conjunto de propuestas para enfrentar la migración irregular y la delincuencia que afecta a nuestro país. Lamentablemente, lo que hemos visto en las últimas horas con el fallido vuelo a Venezuela es un espectáculo absolutamente vergonzoso, y el Gobierno tiene la obligación de reaccionar. Hoy es fundamental que las autoridades entiendan que estamos viviendo una situación completamente grave y que la única manera de solucionar esta crisis es endureciendo la mano y adoptando acciones de carácter radical”, manifestaron los representantes del Distrito 19.
En esa línea, los diputados Marta Bravo y Cristóbal Martínez también emplazaron al Gobierno a otorgar máxima urgencia legislativa a un proyecto que ingresaron en julio del año pasado, y que establece la obligación del Presidente de la República de expulsar en un plazo de 60 días a todos los extranjeros que estén condenados por robo, hurto o delitos contenidos en la Ley de Drogas.
Lo anterior -explicaron ambos legisladores-, no sólo con la finalidad de disminuir la población penal que existe actualmente y que mantiene a las cárceles con un alto nivel de hacinamiento, sino que también para evitar que los extranjeros continúen cometiendo distintos delitos al interior de los recintos penales, como las extorsiones y amenazas que practican incluso contra los propios reos.
“El Gobierno no puede seguir actuando con total indolencia frente a un tema que está perjudicando gravemente la vida de los chilenos. Aquí se necesita expulsar de forma inmediata a todos los extranjeros con órdenes pendientes y a los que han cometido delitos menores, y vamos a agotar todas las instancias hasta que las autoridades cumplan con aquello”, reiteraron Bravo y Martínez.
