El martes pasado, el Ejecutivo peruano promulgó un decreto legislativo que introduce cambios significativos en la ley de migraciones del país.
La modificación establece un procedimiento administrativo sancionador especial excepcional, diseñado para agilizar la expulsión de extranjeros en situación irregular, así como aquellos que cometan delitos contra la seguridad ciudadana y el orden interno.
Este nuevo procedimiento sancionador se aplicará tanto a aquellos que ingresen al país eludiendo el control migratorio como a aquellos que realicen actividades que amenacen el orden público, interno, la seguridad nacional o la seguridad ciudadana. Estas acciones se considerarán infracciones según el artículo 58 de la ley de migraciones.
Destacando la celeridad del proceso, se establece una audiencia única, que puede ser virtual o presencial, y no deberá exceder las 24 horas desde la retención administrativa del extranjero por parte de la Policía Nacional. El procedimiento consta de dos fases: una instructora que comienza con la imputación de cargos por parte de la autoridad instructora de migraciones, respaldada por un informe de la Policía Nacional, y otra sancionadora que concluye con la notificación de la resolución de la autoridad sancionadora.
En caso de comprobarse la infracción, Migraciones emitirá una resolución de sanción que ordenará la expulsión inmediata. Sin embargo, si se requieren acciones adicionales, el caso se derivará al procedimiento administrativo ordinario.
Además, la normativa también establece sanciones para las empresas de transporte interprovincial que trasladen a extranjeros en situación irregular. La Superintendencia de Migraciones tiene la facultad de sancionar a los operadores de transporte marítimo, fluvial o lacustre que no envíen la información de registro y control de tripulantes dentro de las 48 horas de su arribo o zarpe al territorio peruano.
Por otro lado, la ley permite a Migraciones fiscalizar los servicios de hospedaje, otorgándoles la responsabilidad de facilitar las acciones de verificación migratoria. Aquellos que incumplan esta obligación podrían enfrentar sanciones.
La Superintendencia de Migraciones informó el sábado pasado que Perú ha recibido en seis meses 214.633 solicitudes para obtener el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), que permite regularizar la situación migratoria de los extranjeros.
Añadió que el 94% de los solicitantes de este permiso, cuyo trámite venció el viernes, son venezolanos, el 2,4% colombianos, el 0,9% cubanos, el 0,6% ecuatorianos y el 1,8% de otros países.
