Expectación existe en el Instituto de Derechos Humanos ante las indicaciones protocolares que la Contraloría General de la República prepara para normar el actuar de las Fuerzas Armadas ante eventuales disturbios y enfrentamientos con civiles en el contexto de las movilizaciones por el llamado estallido social.
Esto luego que el martes pasado el Gobierno ingresara a la Contraloría un documento con las normas que pretenden modernizar y actualizar el proceder de estas ramas en contextos de conflictos con civiles.
Así lo manifiesta el director regional del INDH, Daniel Concha, quien anticipa que “estamos esperando leer el nuevo protocolo, pero sabemos que la Contraloría siempre se ha desempeñado con la seriedad que las circunstancias exigen, sobre todo cuando se trata de normar y actualizar los protocolos de acción de una institución tan determinante como las Fuerzas Armadas”.
El nuevo manual busca ajustar los procedimientos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada a la hora de patrullar las calles si es que el Gobierno determine un nuevo estado de emergencia, de modo que no se produzcan situaciones o hechos que pudiesen ser constitutivos de delito de parte de los efectivos.
Uno de los fundamentos que motivaron la confección del manual es que cuando el Ejército salió a la calle en los días siguientes al 18-O se habría ajustado su actuar a un protocolo que data de la década del 80 y que, por tanto, no se condice con la realizad actual de la sociedad chilena.
“Creo que los informes que han emitido Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Oficina del Alto Comisionado y el del Instituto Nacional de Derechos Humanos, han dicho claramente las cosas que se deben modificar por parte de las instituciones del Estado a cargo de la seguridad y del orden”, dice Concha respecto a las expectativas existentes respecto al perfil que esperan ver de este nueva carta normativa.
Concha, por otro lado, no deja pasar el que se haya encomendado a Carabineros capacitar a las Fuerzas Armadas respecto a la protección de sus cuarteles, personal y elemento logístico.
“Creo que hay que remitirse a los informes y esperamos que las autoridades del Ministerio del Interior, Carabineros y lo que se determine ahora para este nuevo protocolo de las Fuerzas Armadas, acojan nuestras observaciones”.
Dispersiones sin armas
Otro de los puntos que generan expectativas respecto al nuevo protocolo será ver lo que se permita al Ejército, a la Armada y la Fuerza Aérea utilizar para enfrentarse o disolver manifestaciones violentas.
Lo anterior, considerando que a diferencia de Carabineros, la PDI o incluso Gendarmería, las Fuerzas Armadas no utilizan armas antimotines o antidisturbios, como rifles con balines de goma o bombas lacrimógenas, sino, evidentemente, armas de guerra con proyectiles estrictamente letales.
Al respecto, desde el INDH regional advirtieron que en un muy alto porcentaje, las manifestaciones registradas en Ñuble fueron pacíficas.
“Por esta razón, el Instituto, desde el año pasado ha estado solicitando que no se usen este tipo de armas antidisturbios. Creo que eso se debe garantizar y por eso prefiero esperar lo que la Contraloría diga respecto al uso de estas armas”, finalizó el director.
Garantizar la seguridad
Desde el Gobierno Regional, la mirada más que expectante es, lógicamente, de respaldo.
El coordinador de Seguridad Pública en Ñuble, Alan Ibáñez, entrega una mirada diferente a la del director del INDH y aclara que “estos protocolos están, en primer lugar, enfocados a proteger la seguridad pública y a garantizar el orden y la paz, no solamente es un documento en favor o para proteger a quienes realicen disturbios”.
También aclara que el nuevo protocolo se debe confeccionar en favor de “quien esté siendo víctima de los desórdenes públicos y de la seguridad de los vecinos, locatarios y, por supuesto, de los mismos manifestantes que buscan expresarse pacíficamente, sin olvidar el resguardo que se debe garantizar por parte del Estado al mismo accionar de ellos”.
En dos semanas más
Si utilizarán o no armas antidisturbios, balines de goma o bombas lacrimógenas, será sin duda uno de los puntos que más expectativas genera este nuevo protocolo.
La Contraloría General tiene hasta 15 días para entregar las observaciones e indicaciones al proyecto, el que esperan poder hacer entrar en vigencia para la primera semana de marzo.
Al menos, en el Gobierno confían que haya un instructivo claro y bien asimilado para el mes de abril, mes en que se realizará el plebiscito por la aprobación o rechazo de una nueva Constitución para Chile.
