Señor Director:
A finales del mes de abril la Superintendencia de Educación emitió la circular 302 que norma las clases presenciales para el año 2022. A través de ella, nuevamente se deja a profesores, asistentes de la educación y estudiantes sin la posibilidad de trabajar de forma presencial regular y enfrentar así las brechas de aprendizaje que ha dejado la pandemia y que ha tenido efectos no sólo en el ámbito académico, sino que también ha impactado el desarrollo socioemocional de todos los miembros de las comunidades educativas.
La circular indica que si no se tiene el 80% de vacunación por cursos en Enseñanza Básica y Media (cifra y dato que el Mineduc no entrega a los colegios y además impide obtenerla negando la posibilidad de pedir pase de movilidad para calcularla), se debe volver a tener un metro de distancia entre estudiantes, obligando a implementar medidas de “continuidad educativa” remotas.
Los establecimientos educacionales son espacios seguros, así lo ha demostrado la evidencia científica. Lo que no se entiende entonces es por qué la nueva autoridad educativa insiste en retroceder y volver atrás, primero con la flexibilización de la JEC y ahora con esto.
Vamos hacia 4 años de clases irregulares. Sí, Director, cuatro años. No se debe olvidar que el 2019 los profesores se movilizaron, provocando como consecuencia la suspensión de clases y luego, el mismo año, por los eventos asociados al estallido social, se tuvo que tomar la misma medida.
Quién se hace cargo de las consecuencias de cuatro años? La deuda evidentemente se acrecienta en educación. Dónde están puestas las prioridades de las nuevas autoridades educativas?
Tamara Constanzo
Profesora