Frente a la crítica de la Asociación de Isapres a la ley corta, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que “es una desfachatez” porque “las Isapres no pueden pretender que el Gobierno las acompañe en la idea de incumplir el fallo de la Corte Suprema”.
“Si nosotros hubiéramos querido una quiebra generalizada de las Isapres, hubiéramos mandatado el cumplimiento inmediato del fallo y la aplicación inmediata”, agregó.
En diálogo con Bio Bio Chile, expresó que asunto se ha tomado con seriedad para “cumplir con el fallo de la Corte Suprema” y “no habilitar espacio a salvatajes con los impuestos de las personas”.
La ministra descartó un “perdonazo” pues significaría que “no se les devuelva aquellos cobros abusivos e inapropiados” a las y los afectados.
“No tiene que ver con una discusión ideológica” sino más bien “muy pragmática de atender a la necesidad de los usuarios de que se les devuelva los cobros abusivos, a través de fórmulas que las mismas Isapres tienen que proponer”, dijo.
Consultada por lo dicho desde el gremio de Isapres, Vallejo indicó que “en el fondo es que le hagamos un salvataje y no hay espacio para salvataje” porque “esto no lo pueden asumir quienes hoy pagan impuestos”.
En ese sentido, afirmó que “esta crisis no la generó este Gobierno, no la genera la Corte Suprema, tiene que ver con un modelo de negocio que se detectó y se judicializó por cobros que eran inapropiados”
Isapres
Desde la Asociación de Isapres indicaron que ley corta que busca dar viabilidad al fallo de la Corte Suprema, “ denota una indolencia absoluta con los usuarios del sistema de salud, los beneficiarios de isapre y en particular con los enfermos”.
Respecto de las devoluciones, las que superan el billón de pesos, que son “falaces”, y que “jamás llegarían a concretarse, pues su mera aplicación hace imposible cumplir con los contratos, dejando a casi tres millones de personas en la indefensión”.
Según las prestadoras privadas, con la ley corta es “disfrazar” un cierre por secretaría del sistema particular, y por consiguiente, propiciar “el traslado obligado de las personas al Fonasa, que no da abasto para atenderlas”.
