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Millones del royalty: Alcaldes anuncian inversión en seguridad y mejor salud

Hecho el anuncio respecto a la distribución del royalty minero, el pasado miércoles 17 de mayo, y que quedó ya sin obstáculos para convertirse en ley, el Legislador definió que los cerca de 390 mil millones de pesos (450 millones de dólares) se destinarán a tres fondos de Productividad y el Desarrollo, Gobiernos Regionales (US$225 millones); Comunas Mineras (US$55 millones); y de Apoyo para la Equidad Territorial (US$170 millones) para las comunas del país.

Conforme al mecanismo aprobado en el Congreso, que busca generar una recaudación equitativa y eficiente para aumentar los recursos regionales y promover el desarrollo de la economía, se determinó que Ñuble recibirá $20.268 millones (la número 12 en orden al monto asignado) por concepto de fondos para el Desarrollo Regional, de los cuales $8.976 millones van a Equidad Territorial (comunas).

La noticia, si bien fue tan bien recibida en las 21 comunas de Ñuble, como bien cae recibir dinero no presupuestado, no dejó muy conformes a todos, ya que al no aclararse con precisión -hasta el momento- cuáles fueron los criterios para asignar los respectivos montos por comunas, en algunos consistorios como el de Bulnes, dicen no comprender por qué “a nosotros nos llega menos que otras ciudades que tienen menos habitantes, que no necesariamente cuentan con un potencial turístico especial, ni presentan más necesidades que nosotros”, comenta su alcalde, Guillermo Yeber.

Pero esa incógnita no es la única que los alcaldes parecían hacerse respecto al proceso de recepción y destino de esta inyección de recursos. Algunos dijeron a La Discusión no tener claro aún ni el cuándo llegan los dineros, ni a qué tipo de objetivos deben apuntar, ni quiénes serán los encargados de fiscalizar el correcto uso de esos montos.

Precisamente, el pasado viernes se realizó una reunión en La Serena, a la que acudieron el ministro de Hacienda, Mario Marcel, con diversos alcaldes de Chile y Ñuble, para conocer más detalles de este proceso, y al menos se definió que el pago se hará en dos oportunidades. En 2024 llega el primer 50% de lo asignado a cada municipio, y en 2025 llega el porcentaje restante.

Además se definió que estos recursos deben ser orientados de manera excluyente a proyectos de desarrollo comunal, prohibiéndose su uso para el pago de sueldos a funcionarios municipales ni para la cancelación de ningún tipo de deudas consistoriales.

De esta manera, quienes vieron en el royalty minero la oportunidad para, por ejemplo, ponerse al día con las deudas previsionales o las llamadas “deudas históricas a los docentes”, tendrán que pensar en otros objetivos.

Los fantasmas de la corrupción

Lo que aún no se termina por debatir en el Congreso son los mecanismos a utilizar para fiscalizar el correcto uso de los dineros.

El tema, sin duda, tomará quizás un mayor tiempo, porque para nadie es un misterio que los escándalos de probidad que se han detectado en los municipios del país en los últimos años, como los casos de las luminarias led, los contratos de la basura, y otros algo más incipientes como el caso “Cuentas Corrientes”, que involucran precisamente a los municipios del país.  Peor aun, dos de ellos involucran a Ñuble.

Al respecto, el diputado Felipe Caamaño apunta que “según la proyección estimada de distribución de ingresos, Ñuble recibiría $20.268 millones, lo que traerá recursos para los municipios de la segunda región más pobre de Chile. Como parlamentarios, no podemos fiscalizar a los organismos con autonomía constitucional, como es en este caso, a los municipios”.

Asentada la limitación, agrega que “en primera instancia, espero que las propias municipalidades generen los mecanismos necesarios para evitar malversación de estos recursos que tanta falta le hacen a la comunidad. Sería lamentable ver en el futuro nuevos escándalos por el uso indecoroso de estos dineros. Por otra parte, la Contraloría General de la República posee amplias facultades para fiscalizar la gestión de los municipios”.

Para la diputada Marta Bravo, como primer análisis, pone en contexto que “cuando estamos viviendo una crisis económica de esta envergadura, no solo en nuestro país, sino que en todo el mundo, cualquier carga tributara adicional que se apruebe, va a significar una menor inversión y crecimiento, lo que finalmente se traduce en menos empleo”.

Advierte que “se acordó en el proyecto la distribución de los recursos para las comunas y voté a favor de esta indicación, pero vamos a estar muy atentos, fiscalizando el correcto uso de estos recursos, que tienen el carácter de público. Es fundamental que los municipios los utilicen para mejorar las condiciones de sus comunas y de sus habitantes sin que exista una mala utilización de estos dineros. Para eso, estamos estudiando solicitarle a la Subdere que una vez que sean traspasados y ejecutados estos recursos, tenga la obligación de acudir a la Cámara de Diputados para dar cuenta del uso que se les ha dado por parte de las municipalidades”.

En concreto, el proyecto de royalty minero, aunque ya llegó al tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, no establece un mecanismo de control en el gasto de los recursos que llegarían a los municipios.

La fiscalización, los montos de recaudación y la distribución de estos abre un flanco entre los parlamentarios y se proyecta un complejo debate en los próximos días, donde las bancadas de Chile Vamos y el Partido Republicano, advierten que no estarán sus votos disponibles si es que no hay modificaciones al proyecto.

Incluso, desde sectores del oficialismo, señalan que aún hay elementos por revisar.

Dentro de las ideas que han surgido en el Parlamento, destaca la de destinar estos dineros solo para inversión en infraestructura y evitar que se usen para gastos corrientes, para que no se contraten operadores políticos o se malgaste en actividades sin mayor impacto en la calidad de vida.

Además, proponen que se deben mejorar los estándares de transparencia y rendición de cuenta y Contraloría tendrá que ser más eficiente en la fiscalización.

Lo cierto es que cada región del país pareciera tener su propio almanaque del terror en materia de corrupción, desde el escándalo de Agua Amarilla, en el norte; al caso del intento de compra de la clínica Sierra Bella, por parte de la Municipalidad de Santiago; el “caso Torrealba” en Vitacura, donde hay un supuesto desvío de dineros a su favor a través de las corporaciones Vita, y el allanamiento a la casa del alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, en el marco de una investigación por delitos de corrupción al interior del municipio.

La lista pareciera ser realmente interminable, y si se confeccionara una pormenorizadamente, habría que reparar sin duda que al menos en Ñuble, hay dos alcaldes privados de libertad.

$20.268 millones regionales

¿Qué tanto es $20.268 millones para la Región de Ñuble? Dado que la cifra n es siquiera imaginable a escala de bolsillo individual, se debe contrastar con las grandes obras que se ejecutan en la región en la actualidad.

Por ejemplo, el nuevo Hospital Regional de Ñuble considera un costo total de $204 mil millones de pesos, aproximadamente. El edificio del Centro de Justicia de Chillán, ubicado en Vegas de Saldías con Yerbas Buenas, tuvo un costo de $18.359 millones.

El MOP obtuvo, para este 2023, recursos por $22 mil millones para la ejecución de 23 redes sanitarias rurales (SSR) en la Región; y en 2018, se inauguró la Tenencia Chillán Oriente de Carabineros, tras la utilización de $1.204 millones.

Claro está que la máxima eterna de la administración pública siempre será “falta mucho más de lo que tenemos”, al menos para el gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, los aplausos deben tronar más que por los montos, por la clara señal de descentralización que ha realizado el Gobierno, en beneficio de las regiones.

“La Ley del royalty minero es tal vez una de las iniciativas más importantes en la transición hacia una descentralización efectiva, que en materia fiscal siempre ha sido la principal traba para que las regiones despeguen y den respuesta a las necesidades concretas de la población”, dice.

También reconoce que “hay una diferencia muy grande cuando las soluciones y las políticas públicas surgen desde los territorios, pues nacen con mayor sentido de pertenencia y se construyen de cara a la comunidad. Pensar las regiones desde un escritorio en Santiago será siempre menos efectivo que hacerlo en el propio territorio”.

Hablando, ahora, en suelo concreto, desde el Gobierno Regional  anticiparon que en el caso de Ñuble, la mayor parte de esos $20 mil millones y fracción, que se destinarán al presupuesto regional (GORE y municipios), se enfocarán a resolver materias tan sensibles para la comunidad como salud, seguridad pública donde se crea un fondo especial e infraestructura vial, temas donde la región aún tiene mucho por avanzar.

“Por eso esta ley, tan esperada por las regiones y las comunas, promueve una mejor calidad de vida para todos los habitantes de nuestro país. También es una muestra patente que la descentralización es posible y que se hace verdadera cuando el diseño incluye recursos, porque permite concretar las iniciativas, sin que la excusa sea la falta de financiamiento”, concluyó la autoridad regional.

Nunca es mucho para seguridad

De los alcaldes que conversaron con La Discusión respecto a los destinos probables que en sus respectivas comunas podrían llegar a tener estos recursos, todos -sin excepción- apuntaron a mejorar los estándares de seguridad de sus comunas.

Lo anterior, a pesar que comunas como Chillán ya han destinado sobre mil millones a este sensible ítem, es decir, casi lo mismo que recibirá en total entre el 2024 y el 2025.

Para poder hacer una proyección aterrizada de las aspiraciones que cada consistorio se puede permitir con los recursos del royalty minero, se debe tener en cuenta cuánto exactamente recibirá cada municipalidad de Ñuble.

De acuerdo con lo que ya se ha hecho público por parte del Congreso, la distribución sería la siguiente en orden decreciente:

Chillán ($1.082.859.248), San Carlos ($752.691.169), Chillán Viejo ($583.746.840), Coihueco ($564.648.614), San Ignacio ($531.447.390), Quillón ($444.118.652), Coelemu ($434.232.687), Quirihue ($423.781.378), Yungay ($423.737.028), Bulnes ($410.672.984), El Carmen ($406.325.371), Ñiquén ($396.178.331), Ninhue ($335.086.313), Portezuelo ($330.959.748),San Nicolás ($330.536.456), Pinto ($329.309.305), Cobquecura ($324.200.142), Trehuaco ($323.003.005), Pemuco ($307.317.175), Ránquil ($298.994.930) y San Fabián ($273.996.156).

Desde San Fabián, la comuna menos favorecida con el reparto, el alcalde, Claudio Almuna, comentó que “este tipo de aportes siempre se agradecen. Creo que un buen destino sería ocuparlos en luminarias para ayudar a la seguridad pública, que es un requerimiento que siempre hay pero que con los recursos propios no dan para eso”.

El hermoseamiento de espacios, la incorporación de juegos para niños en los espacios públicos podrían concretarse gracias a este proyecto, “pero creo que es necesario que se haga una consulta ciudadana para que la gente conozca las alternativas y sean ellos quienes prioricen, pero siempre en el contexto de fortalecer la seguridad ciudadana que es prioritaria para nosotros”.

Recursos por una tercera vía

Uno de los alcaldes que viajó a La Serena a participar de la reunión con el ministro Marcel, fue Jorge del Pozo, jefe comunal de Chillán Viejo.

Con la bandera de lucha por ser la comuna que tiene la planta de desechos sanitarios regional, además de otros pasivos ambientales, Del Pozo considera que esto es razón suficiente para ser objeto de otro tipo de consideraciones.

“Yo hablé con el ministro Marcel y le planteé que, si bien Chillán Viejo no es comuna minera, sí es zona de sacrificio, por lo que, a nuestro entender, también deberíamos haber recibido recursos por una tercera vía en este proyecto del royalty, ya que somos nosotros quienes reciben los desechos domiciliarios de muchas ciudades del país”.

Con los 583 millones asignados, “hay muchas cosas que queremos solventar y deberemos conversar con todos nuestros equipos. Estamos hablando de temas de salud, por ejemplo, nos interesa tener un médico domiciliario que esté apoyado por un equipo multidisciplinario, pero no lo hemos podido sacar adelante, precisamente, por falta de recursos; necesitamos además de un bus para nuestros adultos mayores; y en materia de seguridad, queremos tener más vehículos, más cámaras, más inspectores, por tanto lo que recibamos entre 2024 y 2025 tendrán el mejor destino posible”

Coihueco busca luminarias

En Coihueco, el alcalde (s) Russel Cabrera, sostuvo: “esperamos que el proyecto de royalty llegue a buen puerto, y al concluir su tramitación legislativa y promulgación, Subdere nos pueda precisar el monto que nuestro municipio recibirá por esta vía”.

A su juicio, independiente del monto a recibir, es una excelente noticia que municipios como el de Coihueco, tengan la posibilidad de recibir recursos frescos, que sin duda quedarán disponibles para inversiones en el área de gestión, principalmente.

“Esta administración se ha caracterizado por tener una amplia cartera de iniciativas de desarrollo comunal para ser ejecutadas con fondos externos y también propios; y disponer de recursos adicionales, abre nuevas oportunidades justo en la recta final del tercer período que ha liderado nuestro alcalde Carlos Chandía”, remarcó.

Dentro de los proyectos que podrían verse beneficiados con esos más de $560 millones, destacan el recambio de cerca de mil luminarias de sodio a tecnología led en zonas rurales (la parte urbana ya cuenta con ese adelanto y también otros sectores como por ejemplo, el camino que conduce al Embalse Coihueco). Destacan también la construcción de piscina recreativa y la habilitación de áreas verdes en el sector urbano.

Mejoras en la salud

En San Nicolás, el jefe comunal, Víctor Hugo Rice, se muestra optimista con los alcances que le brindan esos cerca de $330 millones.

“Sin duda son recursos bienvenidos y que como administración los destinaremos de forma íntegra a mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Hoy nuestras prioridades están apuntadas a las áreas de Seguridad Comunitaria, Salud y nuestros adultos mayores. Por lo anterior, es que esperamos poder invertir en esos ámbitos tanto con recursos sectoriales y del Gobierno Regional, así como mediante financiamiento propio, y donde tales recursos serán usados de forma óptima”.

Con esos dineros esperan mejorar el equipamiento del Cesfam, de hecho, lo declara como prioritario, además de la adquisición de cámaras de seguridad y la posibilidad de implementar una sala de monitoreo.

“Finalmente en el caso de los adultos mayores, pretendemos tener nuestro propio Centro Día de Adultos Mayores mediante financiamientos sectoriales, por lo que podríamos adquirir con los recursos del royalty equipamiento para tal espacio que es muy demandado por nuestros adultos mayores”, complementó.

La población flotante

En el caso de Quillón hay que entender que se trata, prácticamente, de dos comunas en una. La de otoño en invierno, pequeña y tranquila; y la de verano, colmada de gente y actividades 24/7.

Por eso, el alcalde Miguel Peña asegura: “nosotros hemos ya estado conversando y analizando el tema. Como comuna tenemos claro cuáles deben ser los destinos de estos recursos y, sin lugar a dudas, una de las prioridades es la de fortalecer la seguridad pública, especialmente porque somos una comuna turística a la que llega mucha gente en ciertas épocas del año. Necesitamos más cámaras, patrullajes, más vehículos y personal, ya que la delincuencia se nos está yendo de las manos”.

Tal como lo dicen los alcaldes de Chillán Viejo, Quirihue y Bulnes, el generar mejores opciones para los adultos mayores, también es prioritario para Peña.

Consenso con el Concejo

Finalmente, en Chillán, comuna que recibirá sobre mil millones, se espera que gran parte de esos recursos se destinen a inversiones, “lo que es muy positivo, porque los alcaldes no podemos usar esa plata en gastos fijos de la municipalidad. Nosotros creemos que debemos consensuar los destinos de esos dineros con el Concejo Municipal, aunque no tengo dudas en que todos apuntaremos a la mejora de infraestructura y a seguir reforzando la seguridad pública”, dijo el alcalde, Camilo Benavente.

Crear una tercera vía en Alonso de Ercilla (mil millones aproximadamente) es una de las opciones que seducen al jefe comunal, quien de todas formas apuesta por fortalecer las mejoras viales, tránsito y seguridad. “Pero insisto, esto pasa por una conversación con la comunidad, el concejo y los equipos municipales”, dijo.

Felipe Ahumada

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