Difícilmente se podrá destacar las bondades y el correcto carácter preventivo de la legislación chilena y de las ordenanzas municipales de la región que versan sobre materias de seguridad ante incendios, tanto urbanos como forestales.
Sin caer en adjetivaciones livianas ni gratuitas, lo cierto es que han demostrado ser obsoletas e ineficientes. Y eso ya lo han manifestado alcaldes, gobernadores y hasta el propio Presidente de la República, Gabriel Boric, ha insistido en la necesidad de “revisar” las leyes vigentes, “revisar” las exigencias que se le plantean a las empresas constructoras que realizan proyectos habitacionales siempre criticadas en estos temas; y también “revisar” las exigencias que se les plantean a las empresas forestales en materias de prevención de desastres.
Porque, casi de 65 mil hectáreas quemadas en la región significan un 4% de la superficie de Ñuble destruida por las llamas. Es decir, un desastre.
Ya en 2015, un grupo de parlamentarios de la Democracia Cristiana, habían elevado una serie de propuestas para prevenir y mitigar el riesgo de incendios forestales y su propagación, estableciendo disposiciones como la obligación a la corta y poda de árboles, fijando condiciones para las instalaciones de líneas eléctricas y un marco para las fajas de seguridad relativos a los tendidos eléctricos.
Algunos apéndices aparecían para, por ejemplo, exigir distancias mínimas ente líneas eléctricas respecto a plantaciones o árboles.
Ocho años después, estas y otras leyes siguen durmiendo o sin ser objeto de fiscalizaciones eficientes, por lo que se habla de ellas recién en estos momentos, cuando en apenas 10 días 26 personas han muerto en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, cuando solo en nuestra región ya se habían quemado 314 casas, dejando a 690 personas damnificadas.
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