Señor Director:
Terminar con el sistema de salud privado en Chile ha adquirido ribetes de “obsesión o apasionamiento ideológico” para muchos de los actuales diseñadores de política pública. Quitar los privilegios a los más ricos del país, es un anhelo que, en muchos casos, excluye la racionalidad y pone encima de la mesa propuestas incompatibles con la veracidad que emana de los aspectos técnicos inevitables en política económica. En esta lógica, importa poco los efectos finales de la medida, con tal de cumplir con un deseo que para muchos se ha transformado en un leitmotiv de vida. Empero, los principios básicos en economía han revelado que, el resultado de las acciones de política pública que buscan dicho objetivo, puede llegar a ser muy diferente a lo esperado.
En efecto, por ejemplo, ha ganado adeptos el considerar el acceso a los servicios de salud privado como un derecho social. Este enfoque colisiona frontalmente con el actual sistema de salud privada. En este sentido, se ha instalado la idea de que con el fin de las Isapres se iniciará un nuevo modelo de seguridad social con características de tipo universal, solidario, participativo, e igualitario.
Sin embargo, anticipando el fin del sistema privado de salud, la gente se está cambiando al sistema público (Fonasa). La demanda por seguros de salud complementarios se ha disparado, con una cobertura el 2023 que alcanza casi a 14 millones de personas. Es decir, la oferta de una mayor calidad de los servicios de salud seguirá en manos privadas, cuyo acceso solo estará permitido a los hogares más pudientes. Si es que aparece algún iluminado con la ocurrencia de poner barreras a la oferta privada de salud, el 1% más rico optará por acceder a servicios Premium en el extranjero y/o se generará un mercado informal de este tipo de salud en Chile, con un resultado totalmente ajeno a la universalidad, solidaridad, participación, e igualdad, que se pretende instalar.
Renato Segura
Economista CERREGIONAL
