“Hay intervenciones públicas que duran un año y son buenas. Hay otras que duran cuatro años y son mejores. Pero hay las que permanecen en el tiempo: esas son las imprescindibles para el desarrollo”
“Queremos que esta estrategia se transforme en un germen de cambio para que, de aquí a diez años, la región esté mejor que ahora”, fue el sentir de los participantes previo al lanzamiento de la ERD de Ñuble, realizado en la Casa Central de la Universidad de Chile en agosto de 2019. La Encuesta Suplementaria de Ingresos 2020 del INE, reveló que Ñuble es la región con la menor mediana de ingresos del país.
Los actuales indicadores de calidad del empleo muestran que poco y nada ha cambiado la posición relativa de la mediana de ingresos de los hogares de la región. En este sentido, al menos dos son los períodos de tiempo donde se materializa la intervención pública en busca de cambiar esta incómoda realidad.
El primero, corresponde al período anual de la Ley de Presupuestos del Sector Público. En el caso de Ñuble, el Programa de Inversión Regional durante los años del período 2020 – 2022 fueron de $45.494; $47.348; y $58.173 millones respectivamente.
El segundo, corresponde a la ERD que dura 4 años, coincidentes con el período presidencial. El documento disponible está construido a partir de ejes y lineamientos estratégicos, pero sin precisar la priorización y el valor de las inversiones requeridas para abordar el desarrollo social y económico del territorio.
A pesar de los recursos y las voluntades involucradas, poco y nada ha ocurrido con Ñuble. En este sentido, cabe preguntarse ¿cuál es la barrera que impide a la intervención pública poder cambiar la posición relativa de rezago local respecto del resto de las regiones del país? En mi opinión, uno de los problemas radica en el tipo de estructura de la intervención pública. En efecto, para estimular el aprovechamiento integral de los recursos del territorio regional, que (no son pocos), la estructura considera una intervención delegada a terceros, cuyo compromiso dura lo que dura la ejecución presupuestaria. Es decir, carece de una gobernanza que sostenga los cambios de dicha intervención, más allá del agotamiento de los recursos involucrados.
Para cambiar dicha práctica, se requiere de una estructura en la cual, la dirección y el sentido que se busca imprimir al quehacer de la sociedad trascienda la acción gubernamental en la lógica de uno o cuatro años. Se debe implementar mecanismos de gestión que permitan minimizar la posibilidad de que las comunidades entren en decadencia y, de esta manera, puedan alcanzar sus metas en el campo económico y social. Durante este proceso, es necesario construir espacios para la deliberación y acción de los agentes económicos y sociales independientes, cuyas acciones además se apeguen a los valores comunitarios.
En síntesis, la gobernanza describe el hecho de que la política de intervenciones se lleva a partir de la instalación del núcleo de gestión en la institucionalidad pública local, quien coordina el trabajo de organismos gubernamentales, mecanismos de mercado y de participación de la comunidad. En este ámbito, se promueven formas de asociación y cooperación del sector público con el sector privado y social para atacar problemas sociales endémicos y producir los efectos deseados para el desarrollo del territorio y su gente.
