Desde que llegaron las primeras máquinas de juego a Chillán, a comienzos de 2007, su funcionamiento fue cuestionado por diversos sectores. Que funcionaban al margen de la ley; que su presencia generaba problemas de seguridad e, incluso, que fomentaban la ludopatía. Pero pasaron los años y los pequeños locales se transformaron en verdaderos casinos que se han multiplicado por las principales calles de la ciudad.
Todo lo anterior ocurrió en un lapso de 15 años, interrumpido parcialmente por la decisión del exalcalde Sergio Zarzar de clausurar todos los casinos populares existentes en Chillán, en razón del incumplimiento de una ordenanza municipal que entró en vigencia en 2013, estableciendo una prohibición que fue clave: entregar dinero a quienes ganaran.
En efecto, tal restricción les arruinaba el negocio y fue fuertemente rechazada por los empresarios del rubro, cuya estrategia, tanto en Chillán como a nivel país, fue prácticamente la misma: lobby con autoridades y grupos de influencia para frenar las prohibiciones en marcha y por otra parte, intentar legalizar la cuestionada actividad, bajo el supuesto que utilizan máquinas de habilidad y no de azar.
El resultado de la jugada fue negativo. En junio de 2021, se debatió en el Senado un nuevo proyecto de ley que prohíbe el funcionamiento de cualquier máquina tragamonedas fuera de los locales autorizados por la Superintedencia de Casinos. La propuesta fue aprobada por mayoría, con 29 senadores votando a favor y 7 absteniéndose.
A grandes rasgos, el documento prometía definir claramente qué es una máquina tragamonedas, la distinguiría de otros juegos de destreza o aparatos expendedores y otorgaría su regulación a la Superintendencia, de manera exclusiva.
Sin embargo, en términos prácticos no ha habido mayores efectos y pese a la citada ordenanza y a los esfuerzos de la actual administración, la ciudad tiene 30 casinos populares en pleno funcionamiento, buena parte en el casco histórico de la capital regional, según estimaciones de la Oficina de Seguridad Municipal (Omse).
Y tal como ha ocurrido en años precedentes, el trabajo para evitar que estos locales sigan siendo parte del paisaje del centro chillanejo se estrella con la levedad de la legislación y la astucia de sus dueños, que siempre encuentran argumentos para evitar las órdenes de clausura. Esta vez alegan que las municipalidades y Carabineros no cuentan con peritos para determinar, oficial y legalmente, si las máquinas que están a disposición de los clientes son de destreza o de azar, además de apelar a la libertad de comercio y a un supuesto impacto en el empleo, ya que el cierre de estos locales dejaría desempleada a unas doscientas personas.
Sin duda, resulta lamentable el desempleo que podría derivar del cierre de los 30 locales que están en la mira de la autoridad local que anunció una nueva ola de fiscalizaciones y clausuras, pero aquel costo social no puede ser excusa para mantener una actividad ilegal que no sólo afecta el desempeño de los restantes sistemas de apuestas que sí son legales, sino también porque los análisis sugieren que suele convertirse en un foco de prácticas sociales indeseables que deben ser prevenidas.
