En la administración pública, la aprobación de un proyecto de inversión está supeditada a su rentabilidad social, sin embargo, muchas veces los números se convierten en el único juez.
La rentabilidad social es el valor que los proyectos aportan a la sociedad como beneficios a adquirir una vez se ejecuten y se pongan en marcha. Esta rentabilidad puede ser positiva independientemente de si la rentabilidad económica del proyecto lo es o no.
Para evaluar la rentabilidad social de un proyecto de inversión pública, cuando se trata de bienes o servicios sociales, la variable más relevante es la relación costo/efectividad, que compara el costo de inversión con el número de beneficiarios directos del proyecto.
Si bien no existe consenso entre los especialistas respecto a las ventajas de esta fórmula para medir la rentabilidad social de un proyecto, en la práctica, es la más utilizada.
A partir de dicha ecuación en el sistema público se priorizan los proyectos de inversión pública, además de otras variables, lo que explica la postergación de muchos proyectos en las zonas rurales, como la pavimentación de caminos secundarios, ya que la baja densidad poblacional en el campo en comparación con las principales urbes arroja siempre un costo más alto por habitante.
No obstante, cuando existe voluntad política esos proyectos se pueden sacar adelante. La presión de una comunidad, de un alcalde, de un gobernador o de un parlamentario, en favor de determinada iniciativa, puede inclinar la balanza.
Un ejemplo muy elocuente es lo que ocurrió en Quillón, donde la visita del presidente Gabriel Boric en el contexto de la emergencia por los incendios forestales generó gran expectación en la comunidad, que no solo le expresó su preocupación por la amenaza del fuego y por las ayudas para los damnificados, sino que también sobre demandas muy sentidas. Precisamente, en un diálogo con la prensa local, un vecino le explicó al mandatario que la comuna cuenta con una oficina de BancoEstado que ofrece muy pocos servicios, rematando con la pregunta “presidente, ¿usted cree que Quillón se merece un Banco Estado?”, tras la que se escucharon aplausos de los vecinos que habían llegado para saludarlo. Es respuesta, Boric le indicó que se comunicaría con la presidente del banco, quien siete días después visitó Quillón para anunciar que antes de finalizar el año la comuna contará con una sucursal bancaria.
La variable política, esta vez favoreció a una comuna donde, según los números de la empresa estatal, no se justificaría tener una sucursal, tanto desde la perspectiva de la rentabilidad económica, dado que es una empresa, como de la rentabilidad social.
Pero no puede ser que se necesite la intervención de un presidente o de un parlamentario para que se concreten iniciativas que son tan necesarias para mejorar la calidad de vida de las personas en los sectores rurales.
Es necesario resguardar el buen uso de los recursos públicos, y la evaluación de la rentabilidad social permite priorizar esos recursos, sin embargo, no debiese ser una variable tan determinante en la asignación de los fondos, porque discrimina a las zonas rurales con menor densidad poblacional, que hoy requieren de una atención especial ante la amenaza del círculo vicioso del despoblamiento y la pobreza.
