En el Palacio de La Moneda, el Presidente Sebastián Piñera firmó el Decreto Supremo que convoca a la primera sesión de la Convención Constitucional; órgano de 155 miembros elegidos mediante las urnas para redactar una nueva Carta Magna.
Flanqueado por los ministros del Interior, Rodrigo Delgado, y de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, el Mandatario informó que la inauguración de la Constituyente se realizará el domingo 4 de julio a las 10.00 horas, en el edificio del Congreso Nacional en Santiago.
“Esta Convención Constitucional representa, sin duda, una gran oportunidad para lograr esos acuerdos amplios y sólidos que permitan dar origen a una nueva Constitución que sea reconocida y respetada por todos los chilenos, y que constituya un gran marco de unidad, de estabilidad, de proyección hacia el futuro para nuestra democracia y para nuestra sociedad”, dijo Piñera en su discurso.
“Esta Convención Constitucional nace de la reforma constitucional que promulgamos el 24 de diciembre del año 2019, después de la convocatoria que hizo el Gobierno la noche del 12 de noviembre a un Acuerdo por la Paz, por la Justicia y por una nueva Constitución; y luego del acuerdo alcanzado tres días después por una amplia mayoría de sectores políticos en nuestro Congreso”, continuó Piñera.
“Una amplia mayoría de ciudadanos refrendó esta convocatoria y este acuerdo en el Plebiscito del 25 de octubre del año pasado y, finalmente, el 15 y el 16 de mayo de este año, la ciudadanía eligió una Convención Constitucional integrada por 155 miembros con una equitativa participación de hombres, mujeres y nuestros pueblos originarios”, recapituló el Mandatario.
Piñera enfatizó que, en su trabajo, la Convención deberá “respetar el carácter de República que tiene el Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados y que se encuentran vigentes”.
“Adicionalmente, no podrá poner término anticipado al período de las autoridades elegidas por votación popular”, indicó.
Por otro lado, “esta Convención no puede atribuirse el ejercicio de la soberanía ni asumir otras atribuciones que no le hayan sido expresamente conferidas. Dentro de este marco, fijado por la reforma constitucional, esta Convención tiene importantes grados de autonomía que todos debemos respetar”, puntualizó el Jefe de Estado.
Sin perjuicio de lo anterior, remarcó que “su misión no es gobernar ni legislar, tareas que le corresponden al Gobierno y al Congreso y que seguirán siendo ejercidas”.
En la misma línea, afirmó que “el Gobierno, en cumplimiento de ese mismo mandato constitucional, prestará a esta Convención todo el apoyo técnico, financiero y administrativo necesario para su instalación y funcionamiento”.
