El Gobierno ingresó al Congreso las indicaciones a la ley corta de isapres que se discute en el parlamento con el fin de dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema y que obligaba a las aseguradoras privadas de salud al pago de casi 1400 millones de dólares a usuarios.
Se trata de un texto de 40 páginas que viene a interpretar el informe de la comisión técnica que trabajó dentro de la Comisión de Salud del Senado y que se desempeñó por tres meses con 16 representantes.
Tras considerar todos los antecedentes, el Gobierno recalculó en mil millones de dólares el monto que deberán pagar las isapres y que tendrán un plazo máximo de 10 años para pagar lo adeudado, período en el que no podrán retirar utilidades, según explicó la ministra de salud, Ximena Aguilera.
El monto fue determinado tras desechar el mecanismo de la mutualización de riesgo. propuesta por la comisión técnica, que reducía la deuda en mil millones y la dejaba en 450 millones de dólares. Sí se consideró la propuesta del plazo de diez años para efectuar el pago por concepto de exceso de cobro de los planes.
“Lo que no se consideró de la recomendación de la comisión técnica es la mutualización, por lo tanto, se acoge parte de la recomendación y esta no acogida de la motorización es por razón eminentemente jurídica”, detalló Ximena Aguilera.
Pago por cobros excesivos
Asimismo, cada isapre deberá presentar un plan de pago, algo recogido del proyecto original. Sin embargo, ahora se define que ese plan de pago, además de tener que ser aprobado por la Superintendencia de Salud, se acortará el plazo a dos meses para la presentación de éste. “Las personas que hayan sido objeto de los cobros excesivos definidos por la Corte Suprema van a mantener el derecho al reintegro de estos aun cuando se hubieran cambiado a otra isapre o Fonasa”, señaló Aguilera.
Originalmente, y tras el fallo de la Corte Suprema que determinó un cobro de planes sin apego a la tabla de valores legal, la Superintendencia de Salud fijó en 1400 millones de dólares la cifra estimada que debían pagar las isapres.
Ante esto, la Asociación de Isapres dijo que esa cifra era prohibitiva y que de pagarla, simplemente caerían en insolvencia y se derrumbaría el modelo privado de salud.
“Si es que llegamos hasta aquí, es por responsabilidad de las isapres y nuestro Gobierno ha estado preocupado exclusivamente de dos cosas. En primer lugar, que los usuarios y las personas no queden sin recibir una atención en salud, eso es la prioridad número uno y que además las isapres paguen. Y eso va en la línea de cumplir con los fallos de la Corte Suprema”, aseguró la ministra vocera de Gobierno Camila Vallejo
