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Inspectores municipales se capacitan en más facultades para control de comercio ilegal

Autoridades e inspectores de Ñuble y Maule se reunieron en Chillán con la finalidad de analizar la nueva ley 21.426 sobre comercio clandestino que entrega inéditas facultades de fiscalización a aquellos, sumándose a las que tenían hasta ahora personal de Impuestos Internos.

La normativa de 2022, que aún no es utilizada en Ñuble, permitirá a policías, inspectores municipales y funcionarios autorizados del Servicio de Impuestos Internos fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente respecto de quienes ejercen el comercio, sea ambulante o establecido.

Fue el abogado de Impuestos internos, Daniel Sepúlveda quien instruyó a personal municipal de diversas ciudades sobre las características de la normativa que se enfoca en una amplia variedad de casos como falsificación de la propiedad intelectual, la venta o arriendo de bienes falsificados al público, los delitos en contra de la propiedad intelectual sobre los libros, delito de receptación entre muchos otros.

La directora de Seguridad Pública Municipal, Alejandra Martínez, destacó que la ley 21.426 sobre Comercio Clandestino “entrega mayores facultades a los inspectores e inspectoras municipales en materia de solicitud de cierta documentación y efectivamente, en flagrancia, las policías pueden hacer el contacto con el Ministerio Público para efectos de la eventual detención”.

“Esa ley no se ha implementado en nuestra región. Por eso creemos fundamental capacitarnos para además darla a conocer a otras comunas e implementarla en el menor tiempo posible”, destacó Alejandra Martínez.

El abogado Daniel Sepúlveda, destacó que “hay un desconocimiento de su uso y su aplicación, dentro de las cuales viene una facultad directa a los inspectores municipales, algo que no se ha utilizado en ninguna oportunidad todavía en la región de Ñuble”.

Sepúlveda subrayó durante la capacitación que el comercio ilegal pasará a ser delito y por lo tanto las especies incautadas pueden ser medio de prueba para investigaciones que puede ordenar el Ministerio Público.

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