Los diputados de la Bancada UDI que representan a la Región de Ñuble, Cristóbal Martínez y Marta Bravo, anunciaron que en las próximas dos semanas se votará un importante proyecto de ley que presentaron a principios de agosto de este año, y que tiene por objetivo facilitar la construcción de tranques agrícolas en todo el país, como una manera de mejorar la captación de agua y así ayudar a que los pequeños y medianos agricultores puedan superar la actual escasez hídrica que enfrentan.
Al respecto, ambos parlamentarios gremialistas explicaron que la iniciativa legal apunta a que los tranques de uso agrícola sean incorporados dentro del listado de obras que están exentas de solicitar permisos sectoriales, tanto a la Dirección General de Aguas (DGA) como ante el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), considerando que son justamente dos de los trámites que más recursos involucran y mayor tiempo demoran, lo que termina retrasando su futura ejecución.
“A pesar de que acabamos de vivir uno de los inviernos más lluviosos de los últimos años, la falta de obras de captación en nuestro país, lo que incluye a la Región de Ñuble, impidió que pudiéramos acumular toda esa agua para distintos usos. Uno de ellos es el agrícola, que lleva más de una década enfrentando una grave crisis hídrica y que no sólo termina afectando a los productores, sino que a prácticamente todo el país. Por eso es que ante la pasividad de las autoridades por abordar esta grave situación, junto a un grupo de parlamentarios decidimos presentar este proyecto para facilitar, en parte, los trámites que existen para construir tranques agrícolas”, señalaron Martínez y Bravo.
En esa línea, los representantes del Distrito 19 precisaron que la comisión de Agricultura decidió ampliar de 50.000 a 250 mil metros cúbicos (m3) la capacidad de los embalses que no requerirán de una autorización para ser construidos. También se elevó de cinco a 15 metros la altura de los muros inferiores de los tranques que tampoco deberán someterse a dicho trámite, siempre y cuando se encuentren construidos fuera del cauce natural. De todas maneras, se incluyó que los propietarios de obras con una capacidad superior a los 50.000 m3 igualmente deberán informar a la DGA las características y ubicación, aunque sólo para los efectos de incluirlos en un catastro público de aguas.
Asimismo, quienes ya tengan obras construidas de menos de 100.000 m3 o de muros inferiores a los cinco metros de altura, deberán informar a la DGA sus características dentro de un plazo de un año.
Por lo mismo, y dado el déficit que existe en dicha materia, los diputados Martínez y Bravo llamaron a aprobar lo antes posible el proyecto, que se encuentra listo para ser votado en los próximos días.
“Esta es una solución real para mejorar la captación de agua en nuestro país y que, por consiguiente, beneficiará de sobre manera a los pequeños productores y a la agricultura familiar campesina, que requieren de un apoyo en medio de esta grave sequía que vivimos”, reiteraron ambos legisladores.
