Un estudio realizado por el Sename a nivel nacional estimó que se requiere de un promedio de $600 mil por niño para que cada hogar de menores en el país pueda cumplir con las metas de reinserción que se le exige, más allá del deber básico de dar abrigo, educación y seguridad a sus usuarios.
Puesta la vara económica, la seremi de Justicia en Ñuble, Jacqueline Guíñez, en su cuenta pública realizada en el Teatro Municipal el pasado miércoles explicó que han conseguido este 2018 “aumentar en 54 mil pesos mensuales los recursos por niño en cada uno de los hogares de menores que son colaboradores del Sename”.
Pese a este incremento, la abogada aclara que “lamentablemente, en Ñuble el promedio es, ahora, de 354 mil pesos por niño, y eso es algo que debemos mejorar. Al menos sabemos que podemos duplicar este incremento en un par de años más”.
Actualmente son seis los Organismos Colaboradores del Sename, los llamados OCA, en Ñuble. De ellos, hay cuatro en Chillán, uno en Bulnes y otro en El Carmen.
“Y no es que esta limitación económica afecte la mantención de estos hogares, ni en el bienestar directo de los niños, sino que afecta en el funcionamiento y en la continuidad de los profesionales encargados de la reinserción y en el acompañamiento psicosocial de ellos”, puntualiza la seremi.
Por lo tanto, la consecución de más recursos para las OCA es para que estos profesionales tengan una mayor estabilidad, tantos los encargados de atención directa como los otros sueldos para las otras personas y educadores que trabajan en los hogares, incluyendo a las duplas psicosociales.
Se insiste en lo último porque en una mayoría casi absoluta, muchos de los niños ingresados a estos hogares fueron vulnerados en sus derechos de manera compleja, “por lo tanto son menores que necesitan de una figura de quien aferrarse, de un modelo que los oriente y los guíe, y mientras más estable sea esta persona para ellos, los resultados son más óptimos, especialmente para su emocionalidad”, especifica Guíñez.
Otra complejidad para las duplas psicosociales, más allá de las dificultades específicas de trabajar con menores vulnerados y mal tratados, es el proyectar la salud integral de los niños en un ambiente familiar fuera de los hogares colaboradores, es decir en sus propias casas y en sus entornos personales.
Para los usuarios y sus familias esta realidad ha resultado compleja, ya que si por un lado establecer confianzas es una labor que exige tiempo, afinidad y dedicación, para quienes se someten a estos procesos el cambio de personas les provoca un quiebre que en ocasiones es igual a un “volver a foja cero”.
Procesos judiciales
Las renuncias de estas duplas psicosociales, que se retiran del sistema en busca de mejores opciones laborales, no solo redunda en los resultados en los trabajos con los niños y su entorno.
Para los tribunales de Familia, que en definitiva autorizan los ingresos y los egresos de los menores, es un problema encontrarse con informes iniciados por un profesional y luego completados por otros que no participaron en el proceso desde el inicio.
De hecho, ha habido casos en que algunos psicólogos que partieron elaborando un informe, se retiraron del proceso, pero luego aparecen como peritos judiciales evaluando esos mismos documentos, lo que supone a todas luces una irregularidad.
“Y eso también debemos evitarlo, el contexto laboral que hemos encontrado no es el adecuado. Esperamos, entonces, que contando con mayores recursos para que se hagan mejores acompañamientos y trabajos que apunten a que los niños puedan volver a sus casas con todas las garantías posibles, pueda haber también mejores profesionales”, planteó la seremi.
De todas formas, desde el Sename regional aclaran que también hay profesionales del área que “se han mantenido por 12 ó 14 años en el servicio, es decir, también hay duplas que se han sentido cómodas trabajando en este contexto”, aseguró la directora regional del Servicio Nacional de Menores, Carolina Tapia.
Para la trabajadora social, “estos recursos extras que vayan llegando nos permitirán seguir buscando más y mejores profesionales, además de continuar con las capacitaciones y perfeccionamientos que hoy se entregan a quienes trabajan en esta área”.
Se estima que cada dupla psicosocial debe hacerse cargo de un promedio de 15 menores en promedio (el ideal es que no sean más de cinco), “lo que claramente es mucho y eso repercute en los resultados, si es que no se pierde de vista que además se debe intervenir a la familia”, explica.
Procesos de fiscalización
Cuando se plantea un ideal de $600 mil por niño, se habla de reparaciones en los hogares, desde ventanas, gasfitería, jardines y todo lo que requiere una casa con un gran número de habitantes.
Esto se suma a vestimenta, comida, atención de salud, educación y las duplas psicosociales.
Una vez que estalló el escándalo de los niños fallecidos en la red Sename a nivel nacional, en 2016, quedó en evidencia la falta de fiscalización que el propio servicio nacional realizaba a los organismos colaboradores.
Esto fue uno de los puntos que debía ser superados por el Gobierno, “y actualmente se quiere ir más allá de una mera supervisión, se pretende que el Sename tenga facultades de fiscalización tanto en lo técnico como en lo contable. Cuando se modifica la norma para otorgar estas subvenciones, también se le da al Sename mayores atribuciones para revisar todos los procesos de operación de cada hogar”
Un indicador de esto es que en Ñuble la cifra de menores por quienes se presentaba denuncias por presunta desgracia -que en su mayoría se trataba de usuarios de los hogares colaboradores- bajó en casi un 35% en el último año, según cifras de Carabineros de la XVI Zona.
Actualmente, el Sename Ñuble está trabajando en un informe con los últimos resultados de estas fiscalizaciones, para tener mayor claridad de las situaciones que se deben potenciar o corregir.
Oferta programática
Otro de los estudios que actualmente realiza el Sename busca medir la realidad y los requerimientos actuales de la Región de Ñuble.
Las necesidades y los niveles o formas de vulneración han ido cambiando y modificándose con los años, por lo que la manera de abordar esos casos requiere de más especialidades por parte de las duplas psicosociales, lo que determinará que las OCAS y los programas de reinserción aumenten su oferta.
“Entonces, el conseguir mayores subvenciones, aparte de lograr un mejor sueldo, es decir mayor motivación para seguir en el Sename, es poder contar con profesionales más especializados y más capacitados, con la idea de que los niños reciban un trabajo de mayor calidad”, propone Carolina Tapia.
Respecto a la intervención del entorno del menor a quien se pretende reintegrar a su hogar, se ha buscado la colaboración con el resto de las entidades gubernamentales como el Sernameg o el Ministerio de Educación, toda vez que una vez que se define al garante del menor (que no necesariamente son los padres), “se debe tratar de que el entorno social, es decir, el barrio, el colegio y su medio ambiente en general, le brinde espacios en los que se pueda desarrollar como persona y no en el que se sigan vulnerando sus derechos”, advirtió.
