El Presidente Gabriel Boric recibió este martes la primera Política Nacional contra el Crimen Organizado (PNCO) del Estado de Chile, documento de 10 puntos que busca enfrentar diversos hechos de violencia que se producen en el país.
La PNCO 2022-2027 tiene como objetivo disminuir la actividad delictiva de las organizaciones criminales que operan en Chile, a través de la acción planificada y coordinada de las instituciones del Estado que colaboran en su prevención, control y persecución.
El plan, que considera una inversión de más de 39.000 millones de pesos, con énfasis en el trabajo interinstitucional, comenzó a elaborarse en mayo pasado por un consejo compuesto por los ministerios del Interior y Seguridad Pública, Defensa Nacional, Hacienda y Justicia; Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), el Estado Mayor Conjunto, la Dirección General del Territorio Marítimo, la Dirección General de Aeronáutica Civil y Servicio Nacional de Aduanas, entre otras instituciones.
“Luego de siete meses de arduo trabajo en todo el territorio nacional, estamos hoy día haciendo entrega de la primera Política Nacional contra el Crimen Organizado en la historia del Estado chileno. Este es un hito muy relevante porque estamos presentando un plan estratégico y una hoja de ruta que se hace cargo, con acciones, metas y recursos, de un vacío que teníamos como país en la lucha contra las organizaciones criminales nacionales e internacionales que operan o pretenden operar en nuestro territorio y que no son bienvenidas”, dijo el Presidente Boric en una ceremonia en el Palacio de La Moneda.
Ejes del plan
La PNCO contempla 10 ejes, siendo el primero de ellos el fortalecimiento institucional e inteligencia del Estado, mejorando la coordinación respecto al intercambio y análisis de información, así como la capacidad de articular acciones conjuntas.
En segundo lugar, busca desbaratar la economía del crimen organizado, con una mejor respuesta estatal en prevención, detección, persecución penal e incautación de los beneficios obtenidos por el crimen organizado y en la lucha contra el lavado de activos.
También contempla disminuir el poder de fuego de las organizaciones criminales; abordaje del crimen organizado en los recintos penitenciarios, previniendo su operación, el reclutamiento de nuevos integrantes y el contagio criminógeno; una agenda legislativa para mejorar la detección, investigación y persecución del crimen organizado; aumentar la eficacia para enfrentar el crimen organizado mediante la reforma policial y fomentar la cooperación y coordinación internacional, optimizando los esfuerzos conjuntos y multinivel con otros países.
