Hay una enseñanza básica de la ciencia política y es que la realidad política es siempre multifacética, y que en la dinámica de su actividad puede distinguirse entre dos caras, una táctica y otra arquitectónica. La primera comprende lo vinculado con la lucha por alcanzar y conservar el poder; del otro lado, la cara arquitectónica se refiere a la tarea que se lleva a cabo desde el poder para diseñar y ejecutar leyes y políticas que beneficien a las personas.
Ante el hecho político que ha marcado los últimos días, el acuerdo que podría reactivar el proceso constituyente, existe en la ciudadanía una duda generalizada sobre cuál es la cara que ha prevalecido: la conquista de parcelas de poder de los actores políticos que concurrieron a suscribirlo o el ánimo genuino de redactar una nueva Constitución que tenga como meta un mejor futuro para Chile y su gente.
Uno de los aspectos que más debate genera son los bordes constitucionales que considera el acuerdo y que a la luz de lo expresado por sus firmantes son inamovibles, ya que serían el dique de contención a los afanes “refundacionales” que se apoderaron de la convención constitucional en el anterior proceso. Sin embargo, esta contención también podría suprimir importantes debates, como el Estado Regional y el derecho a la salud sexual, que terminaron envueltos en las controvertidas discusiones en torno a la supresión del Senado, la plurinacionalidad y los profundos cambios al Poder Judicial.
Por otro lado, el acuerdo plantea la creación de un Consejo que tendrá por misión discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución , compuesto por 50 personas elegidas en las mismas circunscripciones senatoriales, con listas abiertas y voto obligatorio, lo que da una clara ventaja a los grandes partidos y conglomerados políticos que poseen respaldo financiero para hacer campañas en los extensos territorios de las circunscripciones, constituyendo una poderosa barrera de entrada para los independientes.
Igualmente, se considera una comisión de 24 expertos y expertas, elegidos por el Congreso, que tendrá a su cargo la redacción del anteproyecto o maqueta que servirá de base para la redacción del nuevo texto constitucional.
¿Cómo se define quién es un experto? ¿Solo serán abogados constitucionalistas o habrá también especialistas de otras disciplinas? ¿Su rol será solo asesor o tendrán derecho a veto? ¿Podrán participar expertos que formaron parte de la convención constituyente?
Muchas son las preguntas que han aparecido desde el lunes 12 de diciembre y es seguro que lo seguirán haciendo, lo mismo que los cuestionamientos y dudas sobre la dimensión que prevalecerá en este acuerdo y en el proceso al que dará origen. ¿Será la táctica o la arquitectónica?
Los chilenos y chilenas reclaman en este particular momento de su historia que predomine la dimensión arquitectónica y las definiciones que nazcan de este nuevo proceso constitucional cuenten con el mayor grado posible de consenso y participación ciudadana.
Ni eliminación de los expertos ni subordinación o cooptación de la participación ciudadana, el camino es el complemento, pero para ello se requiere que políticos, expertos y representantes de la ciudadanía estén dispuestos a hacerse cargo de la dimensión arquitectónica y a hacerla prevalecer durante esta segunda y última oportunidad de dotar a Chile de una nueva Constitución.
