Nuevamente la obtención de audios de llamados telefónicos realizados por el exadministrador de la Municipalidad de Chillán, Ricardo Vallejos, es un recurso que la Fiscalía de Chillán espera utilizar en su contra; ya no en el contexto del emblemático “Caso Led”, sino que en su segundo litigio, por negociación incompatible, en relación a la contratación de camiones aljibe para el reparto de agua potable en sectores rurales de la comuna de Chillán.
Esa fue la solicitud realizada por el Ministerio Público la semana pasada ante la Corte de Apelaciones de Chillán, siendo acogida por este tribunal, pese a la oposición del abogado defensor de Vallejos, Juan Carlos Manríquez, para quien se trata de un medio de prueba ilícito.
“Nos opusimos a la solicitud sui generis de la Fiscalía de incorporar, en una investigación distinta a aquella a la cual se había obtenido una autorización previa, antecedentes para ser usados ahora en otra investigación, en contra de un imputado”, advierte el legista.
Según Manríquez, la utilización de estos audios, supuestamente obtenidos por la Fiscalía en ocasión de la causa de cohecho que lleva en su contra, por supuestos vínculos con Itelecom, “es ilegal, viola el artículo 83, inciso tercero de la Constitución, por lo que configura evidencia ilícita”.
De esta manera, el defensor plantea que se opuso a la solicitud fiscal para evitar una nulidad procesal, atendiendo al derecho a las comunicaciones privadas y la privacidad de los datos, que garantiza la Carta Magna vigente.
Sin perjuicio de las aprehensiones del abogado santiaguino, en la resolución realizada por la Corte de Apelaciones de Chillán, con fecha 29 de julio, se estableció que no se veía inconveniente alguno para esta utilización, ya que si bien la diligencia original no se había planteado ante este tribunal, se encontraba legalmente incorporada en otro Juzgado de Garantía, “por decreto de un Juez de la República, en uso de sus facultades y en caso previsto en la ley, de manera que además sin perjuicio de aquello, se dejó constancia en lo resuelto que todo lo anterior quedaba sujeto a la valoración que de dicha prueba se pudiera otorgar en juicio, en la oportunidad correspondiente, por lo que no se estima que exista en este caso un acto que constituya o configure una ilegalidad”.
Pese a lo resuelto por los ministros, Manríquez insiste en que “esto es lo mismo que un tercero utilizara material de una carpeta reservada e intentara usarla, puede ser constitutivo, inclusonde una filtración de información, ilegal”.
A solo días de que concluya el plazo de investigación judicial para esta causa (se otorgaron 10 meses), la defensa del abogado Vallejos mantiene su propósito de que se le sobresea de los cargos, ya que “ha quedado claro que lo que el Ministerio Público le imputa no son delitos”, finalizó.
“Caso Aljibe”
No solo la Fiscalía persigue a Vallejos por el caso Aljibe, sino que desde marzo del 2021 se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado (CDE) como querellantes.
En el escrito del CDE se sugiere que además de Vallejos, se habrían beneficiado su hermano, y también sobrinos.
Una de las sociedades cuestionadas por el CDE es Servicios Mecanizados “Camarico”, en el que habrían participado como socios el imputado, hermano y sobrinos.
Otra es “Sotrafer, S.p.A.”. Inicialmente habría estado controlada por familiares de Vallejos Palacio, traspasada luego a una persona de confianza de la familia Vallejos Palacios. Posteriormente, además, se cambia la razón social por “Los Almendros, S.p.A”.
Se suman a ellas la “Sociedad Renta e Inversiones Guival, S.p.A” y la Sociedad “Terrasky Chile, S.p.A”.
Los traspasos internos que se produjeron al interior de estas empresas, una de las cesiones simuladas de derechos, según la querella“tuvo por objeto permitir que Sotrafer continuara prestando servicios para el municipio de Chillán, sin que se advirtiera el vínculo entre el administrador, Ricardo Vallejos Palacios, y sus empresas familiares”.
Según la querella, Vallejos autorizó arriendos, mediante contratación directa, de camiones aljibe a la sociedad Wof Chile por unos $15.000.000.
Agrega que “Ricardo Andrés Vallejos Palacios, funcionario de alto nivel dentro de la Ilustre Municipalidad de Chillán, efectivamente,
incurrió en las referidas conductas, tanto tomando interés, como dando este interés a personas vinculadas con él por lazos de familia, y, también, otorgando interés a sociedades en las que él mismo participa como socio o participan, como socios o administradores, sus parientes por consanguinidad”.
