El Ministerio Público archivará las querellas que fueron interpuestas contra las casas de apuestas en línea. Esto, tras determinar que no existen pruebas suficientes para formular cargos por la comisión de un delito penal.
En esta causa, se investigaban las querellas presentadas contra los operadores de apuestas online presentada por varias empresas de casinos físicos, la Polla Chilena de Beneficencia como también diversos hipódromos del país.
Estos organismos argumentan que son los únicos autorizados por la ley para operar y realizar apuestas, por lo que sus competidores vía online estarían desarrollando la actividad de forma ilícita.
El abogado asesor de las plataformas Betano, Betsson, BetWarrior, Coolbet y Latamwin, Carlos Baeza, señaló en El Mostrador que “esto marca un hito significativo para la operación de las plataformas de apuestas en línea en el país, confirmando nuestra legalidad desde el punto de vista penal, algo que ya ha sido respaldado en varios informes en derecho”.
“Esto demuestra que nuestra operación hoy no es constitutiva de ningún ilícito”, reiteró, y aseguró que esta decisión “entrega tranquilidad a todos quienes están vinculados a la plataformas de apuestas en línea, porque fija un precedente respecto del resto de otras autoridades que, sin tener facultad alguna, han cuestionado y amenazado a los usuarios de estar cometiendo un delito, así como también a aquellos que las publicitan o promocionan”.
“Las apuestas en línea no están prohibidas en nuestra legislación y esta decisión lo confirma desde el punto de vista penal”, afirmó el jurista, quien también indicó que esto “debería motivar a otras autoridades que, sin ninguna atribución legal, han calificado las apuestas en línea como un delito, rectifiquen sus opiniones y declaraciones y se enmarquen dentro de la esfera de sus propias facultades”.
Por lo anterior, se fijó audiencia de comunicación de no perseverar en el procedimiento para el día 8 de marzo del 2024.
Hace unos días la Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que declaró inadmisible un recurso de protección interpuesto por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), contra la resolución de la Subsecretaría de Justicia para terminar su contrato con casas de apuestas.
