El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) de Perú y la policía de ese país iniciaron un operativo con detenciones y allanamiento de viviendas y oficinas de asesores y exasesores de la fiscal general Patricia Benavides.
Los asesores son acusados de integrar una presunta organización criminal “enquistada en la alta dirección del Ministerio Público” que buscaba influir “ilícitamente en decisiones de congresistas” para la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación del actual defensor del pueblo, Josúe Gutiérrez, y la inhabilitación de la exFiscal de la Nación Zoraida Ávalos “para fines ilícitos”.
En respuesta a la investigación contra sus asesores, Benavides destituyó a la fiscal Marita Barreto cordinadora del Eficcop, y horas después, emitió un pronunciamiento grabado en el que señaló que se mantendrá en el cargo ya que consideró que las investigaciones en su contra son “un acto torpe” para intentar bloquear las investigaciones que sigue contra los máximos representantes del gobierno por las decenas de muertes durante las protestas antigubernamentales que se desarrollaron de diciembre a marzo pasado.
Anunció, en ese sentido, que ha presentado una denuncia constitucional en el Congreso por el delito de homicidio calificado contra la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro, Alberto Otárola, y otras altas autoridades porque “no se puede permitir la muerte de ningún peruano ni peruana, así como el abuso del poder”.
