Por primera vez, desde que se empezó a investigar penalmente la presunta pérdida contable de dinero desde las arcas de la Municipalidad de Chillán Viejo, su alcalde, Felipe Aylwin, se refirió sin rodeos a ese punto: La pérdida de dinero.
Y lo que dijo fue “eso no es así. Ustedes (la prensa) tienen solo la versión de la Fiscalía, no tienen la de la defensa. ¿Te consta que se perdieron 82 ó 57 millones?, porque hay discrepancias hasta entre la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, respecto al monto. ¿Te consta que eso falta?”, comienza, para cuestionar lo publicado durante este periodo, por los medios locales.
Insiste en que en la prensa chillaneja escrita se escribieron una serie de mentiras y falacias.
“Aquí las tortas que se compraron se comieron, y los viajes en buses se realizaron, por ponerte un ejemplo. Acá no hubo pérdida de dinero, no se perdió un solo peso ni hubo fraude”, aseveró.
Junto a él, su abogado defensor, Julio Díaz de Arcaya, advierte que “desde el punto de vista penal siempre hemos sostenido que acá no hubo delito alguno, no hubo fraude. Al final del juicio vamos a saber la verdad y desde mi convicción de abogado puedo decir que no se perdió un peso desde la Municipalidad de Chillán Viejo”.
Evidentemente, el trabajo del Tribunal Oral en lo Penal de Chillán, compuesto por los jueces Claudia Montero, María Paz González, Raúl Romero y Claudia González (suplente), será determinar si hubo o no delito y si hay acusados que condenar, nada más.
En caso de absolución, el Tribunal no tiene la obligación de explicar si se perdió dinero por razones de negligencia o incapacidad profesional.
-Pero, una vez finalizado este proceso judicial, ¿Sabrá la gente de Chillán Viejo si se perdió dinero o no y cuánto?
-Por supuesto que sí, pues. Por supuesto que sí, respondió el alcalde.
Presionado y amenazado
Cerca de las 11 de la mañana del martes comenzó la quinta jornada del juicio por Fraude al Fisco y de Subvenciones.
Era el turno del alcalde Felipe Aylwin para declarar en calidad de acusado de haber celebrado un contrato simulado con la profesora Lya González, en calidad de funcionario a honorarios encargado de relaciones internacionales y agenda, por la suma de 700 mil pesos brutos al mes.
Una vez en el estrado, y tras recibir las instrucciones de rigor, abrió su declaración con un breve discurso de cerca de siete minutos, apuntando a sentirse víctima de difamación, a sus problemas de salud y a un perjuicio moral y sicológico, a causa de este proceso, que por tres años lo ha ubicado como querellante, querellado, formalizado y acusado.
“Este proceso me ha significado estar bajo una presión y una amenaza constante, por la cantidad de difamaciones, informaciones falsas emitidas en la prensa. Ha sido difícil avanzar, he tenido que soportar la situación personal con mi salud, un debilitamiento severo a mi salud. En pocas palabras, prácticamente no tengo un riñón, mi hijo (está) con depresión y mi madre pensando que alguna vez habría justicia”.
Esas fueron sus exactas primeras palabras.
Luego se introdujo en el contexto penal para acreditar que, pese a lo postulado por el Ministerio Público, la funcionaria Lya González, sí trabajó para el municipio.
Ni antes ni después de Lya
El interrogatorio comenzó con las preguntas del Ministerio Público, a cargo del fiscal Álvaro Serrano.
Una de los primeros puntos que intentó dilucidar el persecutor era qué profesión o título validante tenía Lya González para entender que se justificara su contratación para asumir la oficina de Relaciones Internacionales de Chillán Viejo. Aylwin explicó que González era profesora, pero que no solo era necesario un título relativo a esas funciones, sino que era igual de validante una trayectoria afín con tales obligaciones.
“Lo que me impresionó de Lya fue su expertiz cuando estuvimos en un seminario en la que participaron autoridades comunales de otros países, en especial el de Lyon, Francia con quien, en gran medida, gracias a sus gestiones logramos hacer un convenio”, respondió.
También adjudicó a sus habilidades en materias internacionales, la vinculación con una empresa extranjera de plásticos para la llegada de contenedores para la comuna.
Sin embargo, cuando el fiscal le preguntó si tales convenios fueron formalizados, Aylwin explicó que eso no fue posible debido al largo tiempo que requería todo ese proceso.
Tal vez la pregunta que deja las mayores dudas apuntó a si el cargo o función encomendada a Lya González existía antes que ella fuera contratada y si se continuó una vez que ella renunció.
La respuesta también fue un “no”. Es decir, el cargo se creó con su llegada y se canceló con su salida.
Sobre las razones que motivaron la renuncia de la profesora al cargo de Relaciones Internacionales, la autoridad comunal la atribuyó a que “ella decidió sumarse a la campaña de la Presidenta Michelle Bachelet”.
Posteriormente, se le consultó si la docente participaba ya en la campaña de la exmandataria siendo aún empleada de la Municipalidad, a lo que Aylwin contestó “no lo sé”.
Finalmente, se extendió en los protocolos funcionarios y en las impresiones que la llegada de invitados extranjeros le habían hecho de las calles chillanvejanas, asegurando que las “encontraron muy parecidas a las calles de algunas ciudades de Francia”.
Por la defensa, solo le hizo preguntas su propio abogado, Julio Díaz de Arcaya.
Pasada las 13.00 horas, finalizó su interrogatorio.
La lista de declaraciones
Hasta el momento han declarado solo dos de los diez acusados, es decir Lya González y Felipe Aylwin, trámite que se esperaba cumplido para el martes pasado.
De los otros ocho acusados, varios de ellos involucrados en más de uno de los cuatro hechos de imputación con que la Fiscalía organizó la acusación, deberán declarar entre hoy y, a lo menos, el martes siguientes, para dar paso a las declaraciones de testigos y peritos.
El Tribunal Oral en lo Penal definió el orden en que éstos deberán ser interrogados.
Hoy parte el exadministrador municipal, Ulises Aedo, quien junto a Aylwin y González, son quienes conforman el grupo uno, asociado a la investigación de contrato simulado.
Consecuentemente, será el turno de la representante legal de Buses Ríos, Silvana Ríos; y el exjefe de la Dideco, Andrés León.
Le seguirán Ignacio Moreno y Susana Fonseca, María Gabriela Garrido, Paola Araya y, finalmente, el abogado del Juzgado de Policía Local de Chillán Viejo, Francisco Fuenzalida, quien cumplía con funciones administrativas en calidad de subrogante durante el periodo que comprendió la investigación fiscal.
El viernes, el arranque del juicio está fijado para las 09.00 horas.
