“Yo no me voy a ir ni me voy a mover de mi casa hasta que tenga construida la otra atrás, porque yo nací aquí en este terreno, tengo historia en Huambalí. Mi madre tuvo siete hijos aquí. Donde está mi living hoy, ella tuvo su maternidad”, dice Cecilia Troncoso, una de las residentes de Huambalí a la que le expropiarán su vivienda para continuar con los trabajos de ampliación de la avenida, actualmente en desarrollo.
Hasta este viernes, de un total de 107 lotes considerados para expropiaciones, Serviu ya ha realizado la entrega de 55 lotes a la empresa Tapusa, sumándose 23 en los próximos días. Y según han informado las autoridades, de los lotes restantes, son ocho las personas con las que no se ha podido llegar a acuerdos, los que no han sido por discrepancias económicas, sino de tiempo.
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“A mí me duele dejar esta casa, pero sé que tengo que hacerlo. Yo pido que me den tiempo para construir en el terreno que me quedó atrás y que me cooperen con materiales, un subsidio o algo”, comenta Cecilia. Más de 160 metros cuadrados serán los que le expropiarán, incluyendo su casa familiar. Una vivienda que está habilitada para personas con discapacidad de movilidad, con la que cuentan ella y su esposo.
Al igual que Cecilia, la mayoría de los residentes que aún no entregan sus lotes han solicitado más plazo para desalojar y desarmar sus actuales inmuebles, ya que argumentan que no pueden entregarlos hasta que terminen la construcción de sus nuevos hogares.
“A mis maestros les dio Covid, así que recién vamos en la tercera semana de trabajo, solo están puestas las cadenas y por lo menos tengo para tres meses más”, detalla María Oyarzún.
Durante 15 años ha vivido en el sector de Huambalí, sus hijos estudian en la misma zona y comenta que actualmente es imposible para su familia desalojar ese hogar. “Es difícil irse a otro lado, más encima que te echen. ¿Dónde van a estudiar mis hijos?, ¿cómo nos vamos a transportar? si con suerte tengo bicicleta. Así que gracias a Dios me quedo aquí, pero necesito esos meses para terminar mi otra casa”, puntualiza.
A María el inminente desalojo le causa angustia porque no sabe con claridad cuándo es la fecha límite para entregar su lote. “Es angustiante porque primero habían dicho el 28 de agosto, ahora el veintitanto de septiembre, entonces uno se estresa con esta situación. Es un miedo constante. Anoche yo no pude ni dormir porque no tengo donde irme, con la plata de la expropiación estoy construyendo así que no puedo arrendar en otro lado”, dijo.
En esta misma situación se encuentran el matrimonio de Pedro Rivas y Miriam Sepúlveda, los que tras recibir el pago del Serviu, en junio, empezaron a construir.
Pedro detalla que la propiedad pertenece a su esposa, quien se ha criado en ese lugar, y su preocupación es por no saber cuánto tiempo tienen para terminar la nueva vivienda: “Nunca nos han puesto fecha ni nos han notificado, pero hay incertidumbre porque les van avisando a nuestros vecinos y en algún momento nos va a tocar. Recién estamos poniendo las cadenas”.
Por otro lado, María Eugenia Sandoval reflexiona que la Avenida Huambalí ha sido una calle conflictiva para Serviu, pero fundamenta que esta resistencia nace porque desde la entidad han sido poco claros.
“Siempre me dicen: tienen equis plazo para sacar sus ‘cositas’. Y yo siempre les digo que mis ‘cositas’ no las voy a sacar porque mi terreno está en juicio”. La última notificación la recibió el pasado miércoles 21 de septiembre, mientras los vecinos del sector estaban en una reunión donde entregaron las razones de por qué no pueden entregar los lotes que les está solicitando el Serviu.
La propiedad de María Eugenia consta de una casa familiar y de la bomba de bencina Combustibles Alicia, en la que la expropiación de 15 metros hacia dentro, desde la vereda, afecta tanto a su negocio como a la mitad de la vivienda. “Estamos pidiendo que no nos presionen a irnos antes porque nos quitan todas nuestras piezas, el baño, cocina, al final solo queda el living. Un espacio donde no podemos vivir”, manifiesta.
Actualmente, tras recibir el cheque en junio, se encuentra en proceso de edificación para reconstruir hacia atrás la mitad del inmueble que le van a expropiar
Cuando no es suficiente
Hay otros casos donde entregar mayor plazo para construir no es la solución.
Leslie Gacitúa es una de las dos arrendatarias de las propiedades de Rosa Sandoval. En este caso, la expropiación no afectará a la vivienda de la dueña del terreno, pero sí a las que son arrendadas. Es por ello que ambas partes se han mostrado preocupadas por el inevitable desalojo.
Leslie es madre de seis hijos y aunque ha buscado arriendo por el sector no ha podido encontrar ningún inmueble. Es por ello que solicita quedarse hasta fin de año para que los menores puedan terminar el año escolar y la posibilidad de obtener un subsidio de casa propia. “Me complica irme en este tiempo hacia otro lado porque acá estudian mis hijos. He buscado por acá y no he encontrado arriendo. También he postulado como madre soltera a los subsidios, llevo tres, pero nada”, comentó.
Por otro lado, en el caso de las hermanas Rosa y María Teresa Araya, dejar la casa familiar es más difícil. Ambas adultas mayores cuentan con discapacidad auditiva y visual y han vivido por más de 70 años en Huambalí. Hoy se niegan a abandonar este hogar.
“Ellas actualmente viven cómodas en su casa y el sistema las está obligando a repartirse una herencia que nadie pensaba repartir, nadie las había molestado ni estaban interesados. En este momento ellas no han cobrado el cheque, pero tampoco tienen donde irse. Lo que solicitamos es que se les adjudique un subsidio de asignación directa para que estén seguras en su nueva casa propia”, informa Verónica Alarcón, hija de Rosa y quien las ha acompañado en este proceso.
Su madre y su tía deben desalojar toda la casa y mudarse de ese terreno ya que toda la propiedad será expropiada. Tras considerarlas como un caso crítico, desde Serviu les han ofrecido un subsidio de arriendo, una medida que Verónica afirma no sería suficiente.
“Ellas están muy mal emocionalmente, de hecho, se niegan rotundamente a abandonar su casa. Más en la situación de que no van a recibir ni un peso porque, aunque van a recibir un monto, como se tiene que repartir no les alcanza para comprar otra vivienda. Serviu les ofreció un subsidio de arriendo, pero para las abuelitas no es una solución porque tiene caducidad, ¿qué van a hacer ellas cuando se acabe?”, finalizó.
Posibles soluciones
El lunes 26 de septiembre vence oficialmente el plazo para que Serviu Ñuble realice la entrega de terrenos a la constructora santiaguina Tapusa, tras cumplirse los 180 días de iniciadas las obras de mejoramiento de Avenida Huambalí, proyecto que a la fecha presenta un 18% de avance.
Tras una reunión realizada este viernes entre el seremi de Vivienda y Urbanismo, Antonio Marchant, el director (s) de Serviu, Richard Maldonado, el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, la directora de Dideco, Zoraya Martínez y la concejal Yanina Contreras, se analizó caso a caso cada situación particular para considerar un mayor plazo para regularizar la construcción y modificación de sus viviendas, entre otras alternativas.
De esta manera, el seremi del Minvu informó que “hay procedimientos legales que tenemos que respetar para avanzar en los proyectos de mejoramiento vial tan esperados y necesarios para la ciudad y que estuvieron estancados por tantos años. Si bien, desde el 2020, Serviu ha realizado un trabajo de socialización junto a las familias, creemos que el diálogo es la mejor alternativa para llegar a distintos acuerdos”.
Tras el análisis de cada situación junto al municipio, el seremi detalló que “actualmente tenemos dos casos críticos con posibles soluciones ya definidas, por lo que se verán estas distintas alternativas en una reunión la próxima semana junto a las familias”. Además, reiteró la voluntad de alcanzar acuerdos con las familias y así evitar cualquier opción de desalojo.
Mientras que la concejala Yanina Contreras indicó que “hay voluntades en las solicitudes que plantearon los vecinos y esta semana debería estar la Seremi en terreno. Revisando en el lugar las condiciones de cada uno y entregando la solución o respuesta que corresponda según las posibilidades que se tengan”.
Soluciones en las que la extensión del plazo para desalojar es una “opción muy probable según lo conversado”. Contreras también destacó que desde el municipio han recibido las inquietudes de los vecinos como una forma de mediar entre ellos y el Serviu”.
“Cabe destacar que este proyecto es de Serviu, pero como municipio no podemos hacernos los sordos ante los planteamientos de nuestros vecinos. Y si bien es cierto, no tenemos la solución completa de forma directa, corresponde hacer las gestiones para consensuar acuerdos con quienes tengan pertinencia o mediar y eso es lo que se hizo”, precisó.
Asimismo, el alcalde Camilo Benavente comentó que ellos han representado a estas familias, que son un margen acotado de las más de 100 que contempla el proyecto, para que haya más tolerancia en el proceso de dejar sus hogares.
“Lo que pedimos fue que hubiera más plazo para que puedan construir sus casas en el mismo sector, que le dejaran las posibilidades de abrir y que las empresas sean quienes les conecten los servicios de agua potable, electricidad y servicios sanitarios. A lo cual Serviu accedió, es un nuevo objetivo que está avanzando. En definitiva, lo que esperamos es un poco más de tolerancia”, declaró.
El edil recalcó que entienden que es un proyecto importante para la ciudad, pero que, al mismo tiempo, este no debería tener criterios cerrados porque afecta a personas y familias. “Nosotros nos vamos a reunir la próxima semana en una reunión tripartita, entre el Serviu, municipalidad y la comunidad, para cerrar algunos acuerdos y que quede formalizado en un documento para que nadie después pueda interpretar algo que no corresponde, esperemos que se concrete para que queden todos tranquilos”.
Mientras que, en los casos más complejos, como adultos mayores, comentó que cuentan con un Plan B que se está trabajando con Dideco para acogerlos en algún lugar mientras terminan sus construcciones, gestionando algún tipo de arriendo que dure un par de meses.
Modificaciones al Plan Regulador
“Yo quedo casi sin sitio, solo con una entrada de vehículo y con un antejardín de no más de setenta centímetros, eso es todo lo que me queda”, indica Eulogio, uno de los vecinos de Huambalí.
Para estos casos, el Concejo Municipal ya aprobó un oficio para modificar el Plan Regulador vigente y así disminuir hasta en un 100% los antejardines de diversos sectores de la ciudad de Chillán, ya que el actual PRC exige 2,5 metros de antejardín en las propiedades.
El documento señala que “dentro de estas zonas en que actualmente se consulta la exigencia de antejardín, está por ejemplo el sector Santa Elvira, algunos sectores de la población Mardones, ambas emplazadas en la zona ZH-1, donde esta norma puede romper las característica propia del barrio y ahora último existe una solicitud de reevaluar el antejardín frente a las avenidas Huambalí y Diagonal Las Termas, pues producto de las expropiaciones ejecutadas para construir la doble calzada, algunos terrenos cuentan con insuficiente superficie para construir”.
Este oficio ya fue validado por unanimidad en el concejo y se espera que entre en vigencia oficialmente en un par de meses. “Eso está avanzando, está aprobado por el Concejo puede durar un par de meses, pero es algo inminente”, informó el alcalde Camilo Benavente.
Mientras que la concejala Yanina Contreras aconsejó que cuando las personas construyan sus nuevas viviendas ojalá se asesoren de un experto por cosas técnicas. Ya que, si en el futuro quieren vender y compra alguien con subsidio, la casa debe estar en regla con todos sus permisos y exigencias.
Finalmente, montos que se consideran en el proyecto mejoramiento de avenida Huambalí llegan a 15 mil 530 millones de pesos, lo que permitiría mejorar la operatividad vial de la avenida Huambalí entre la Avenida Collín y calle Río Ñuble.
Texto: Ignacia Oyarce
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