El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género ha anunciado una significativa medida en relación con la nueva ley sobre deudas de pensión de alimentos en Chile. Según lo informado, la Contraloría General de la República ha dictaminado que los funcionarios públicos contratados a honorarios no podrán renovar sus contratos si figuran en el registro de deudores de pensiones alimenticias.

La ministra Antonia Orellana aclaró que aquellos hombres y mujeres que trabajan bajo la modalidad de “boleteo” en servicios públicos deberán autorizar a la institución correspondiente para que retenga y pague directamente el monto de futuras pensiones. De lo contrario, se verán impedidos de mantener un vínculo laboral con el Estado.

La medida, que se suma a las ya existentes para funcionarios de planta y contrata, representa un paso adicional en la aplicación de la ley que entró en vigencia hace un año.

“Para quienes son planta y contrata ya está la opción de la retención por planilla, además de que la nueva ley incluye el no poder subir de grado. Faltaba esto respecto al paso a contrata de honorarios”, respondió la secretaria de Estado.

La ley, diseñada para garantizar el pago de pensiones adeudadas, contempla medidas progresivas que van desde la imposibilidad de renovar la licencia de conducir o el pasaporte hasta la retención de la devolución de impuestos. Incluso se establece la posibilidad de utilizar fondos de pensiones para saldar los montos impagos.

Esta iniciativa busca fortalecer el cumplimiento de las obligaciones alimenticias y asegurar el bienestar de los menores involucrados. La ministra Orellana destacó la importancia de estas medidas coercitivas como herramientas efectivas para garantizar el respeto a las obligaciones económicas establecidas por ley.