El lunes Sergio Pérez de Arce, administrador apostólico de la Diócesis de Chillán, encabezó en la Catedral por primera vez el Te Deum de la Región de Ñuble, precisamente en la semana en que se cumple un año desde su llegada. El 21 de septiembre de 2018, el Papa Francisco puso fin a los 12 años de Carlos Pellegrin como obispo de Chillán, aceptando su renuncia en medio de una acusación por abuso sexual, que aún es investigada por Fiscalía, y críticas de los laicos a su gestión.
Cuatro días después asumió Pérez de Arce en medio de una Catedral repleta de fieles católicos de Ñuble y Valparaíso, además de miembros de su congregación, los Sagrados Corazones, que viajaron hasta Chillán para despedirlo. “En estos últimos años muchos lo han pasado mal en la vida de la Iglesia, ante todo las víctimas de abusos, porque como ha dicho el Papa Francisco las heridas no prescriben, al oprobio del abuso mismo han debido sumar el dolor de la no escucha, del descrédito y hasta del encubrimiento”, reconoció en la homilía en que tomó posesión de la Diócesis.
Un año después, su discurso en el Te Deum tuvo otro foco: la pobreza y la cesantía de Ñuble. Al igual que el administrador apostólico de Santiago, Celestino Aós, esta vez no hizo mención a las víctimas de abuso eclesiástico de los 13 sacerdotes que pertenecen o han formado parte de la Diócesis de Chillán y que son investigados por Fiscalía, muchos de ellos con múltiples denunciantes.
Laicos, expertos en Iglesia y la Comisión de Apoyo Integral a Víctimas de Abuso Eclesiástico de Ñuble, que funciona con independencia del Obispado y la Red laical, evalúan los errores y aciertos de la Iglesia de Ñuble bajo la conducción de Sergio Pérez de Arce, quien fue recibido con altas expectativas tras la salida de Carlos Pellegrin.
Apoyo a víctimas
El administrador apostólico inició en octubre del año pasado un proceso penal administrativo en contra de Osvaldo Salgado, ex rector de la Catedral, denunciado por tres exalumnos del Colegio Seminario Padre Hurtado, a quien quitó el estado clerical hace dos semanas tras el término de la investigación. También abrió un proceso en contra del excapellán de la Penitenciaria, Renato Toro, que se encuentra a la espera de resolución.
Marcial Sánchez, doctor en Historia y experto en Iglesia, recuerda que “Pellegrin lamentablemente vivía dentro de ciertos esquemas sociales que lo llevaban a estar bastante alejado de lo que significa la caridad, él sabiendo que habían investigaciones no las hizo como correspondían y eso lamentablemente lo colocó en un plano de encubrimiento. A esa Diócesis llega Pérez de Arce, bastante desordenada en lo pastoral y con un clero dividido. Él ha cumplido con creces lo que se le ha pedido. Ha realizado las investigaciones, expulsó a un sacerdote, nombró a párrocos mujeres en Santo Domingo y unió al clero. Ha sido uno de los mejores administradores apostólicos”.
Sin embargo, la absolución de Héctor Bravo, capellán del Ejército, quien es investigado por Fiscalía por presunto abuso sexual a un menor de 11 años, es una de las principales críticas a su gestión.
La Comisión de Apoyo Integral a Víctimas conformada por la abogada Pilar Gutiérrez, el exsacerdote Sergio Baeza y la psicóloga Mabel Pérez, asegura que el trabajo de Pérez de Arce no ha producido cambios. “Ha sido la continuación de una conducción pastoral que se ha ocupado de lo estético más que de lo importante, considerando la crisis de la Iglesia, especialmente en esta Diócesis, en que la cantidad de abusos y violaciones a menores sobrepasan lo imaginado”, enfatiza Pilar Gutiérrez.
Sobre el rol del presbiterio al enfrentar la crisis, Gutiérrez analiza que “no hay un clero que apoye a las víctimas. El único cura que apoyó siempre a las víctimas locales fue Patrick Duboys. Pérez de Arce lo obligó a irse a su país de origen con forzados argumentos”.
Sergio Baeza asegura que “el administrador está al debe con las víctimas, hay un discurso oficial, pero ellos se sienten abandonados. El caso Bravo es complejo porque tenemos visiones diametralmente opuestas. En la Comisión tenemos los testimonios y toda la investigación oficial que ha hecho Fiscalía frente al caso y estamos convencidos de que hubo abuso de menor. Pérez de Arce ha hecho todo lo contrario, ha negado la situación y presionado a la familia. Hubo una gran discriminación porque la familia es de condición vulnerable, con dificultades. Si uno no tiene una actitud de acogida desde el principio y va con prejuicios como se hizo no van a confiar, porque me consta que curas han ido a intimidarlos, ya que no pueden comprender que una familia humilde tire abajo la imagen sagrada de un cura. Nosotros creemos cuando la justicia canónica expulsa a un cura, el administrador también debería creer en la justicia civil”.
Baeza también critica las jornadas de capacitación para agentes pastorales en prevención de abusos. “Le dijo al Papa en su visita a Roma que había 3 mil laicos capacitados. Qué frutos se logran con capacitar a los laicos si los curas siguen siendo autoritarios y prepotentes. Los laicos siguen venerando a los curas, lo que hay que cambiar es la mentalidad del laicado. Y la comisión del Obispado está conformada por curas y por la abogada Paula Cornejo, que además es abogada de Carlos Pellegrin. El procedimiento que ellos tienen es averiguar primero si la víctima dice la verdad. Los denunciantes me dicen que no van a ir a esa comisión porque los van a poner a prueba. Además, Pérez de Arce se rodeó del mismo círculo de sacerdotes de Pellegrin en sus cargos de confianza”.
Y precisa que “calculamos alrededor de 30 víctimas y más, porque incluso hay personas que me han llamado, pero aún no se deciden a venir. Hay muchas víctimas de Jorge Baeza, una de Cox, que me han contactado. Aún no se atreven a denunciar, pero están ahí, existen, y respetamos sus tiempos y los esperamos”.
La psicóloga Mabel Pérez destaca que “hubiésemos esperado un acompañamiento real a los denunciantes, pues el Obispado solo recoge antecedentes para la investigación. Las víctimas y también su familia necesitan un acompañamiento cercano. Ni el clero ni los laicos han entendido este fenómeno que se ha transparentado en lo mínimo, porque muchas víctimas no han denunciado, y tampoco la Iglesia diocesana ha profundizado en las causas que originaron esta crisis”.
Baeza agrega que “debería venir un investigador neutral desde el Vaticano a la Diócesis, así como Bertomeu o Scicluna. Hace falta que el Papa sepa la verdad de lo que pasa en Chillán”.
Visión de los laicos
Juan Carlos Claret, secretario ejecutivo de la Red laical Chile, considera que “la gestión de Pérez de Arce ha estado marcada por aciertos y desaciertos. Hay avances claros como haber realizado una auditoría, lo que no es habitual en ningún Obispado, pero al mismo tiempo un retroceso porque la hace de un periodo que no se necesitaba y no analiza los años que sí debía. Ha nombrado párrocos mujeres, lo que es una medida inédita, ¿pero qué injerencia han tenido las comunidades para decidir el devenir de la Diócesis?”.
Claret recalca que “dada la magnitud de la crisis que dejó Pellegrin tenía una gran oportunidad, pero en tema de abusos se ha dedicado ha hacer un control de daños, y ha tenido una mala gestión. Un ejemplo de ello es haber mantenido oculta la verdad de la sanción de Salgado para no incomodar los funerales de Alberto Jara, cuestionado por encubrimiento de ese y otros casos. Su gestión ha sido casi irrelevante. El administrador de Puerto Montt ha reabierto incluso casos de sacerdotes fallecidos y ha investigado abusos de poder”.
Sobre el Te Deum, Claret evalúa que “hay un consenso y un esfuerzo por superar la crisis, de no hablar de víctimas y de esa manera ir creando la apariencia de que el problema ya se ha zanjado, que los abusos fueron una moda del 2018. Además los problemas en los colegios, en especial en el Colegio Padre Hurtado, persisten”.
El Centro de Padres del Colegio Seminario Padre Hurtado, crítico de la administración de Pellegrin, entabló un juicio con el Obispado para dejar de pagar los 30 millones mensuales de arriendo. “La llegada del administrador nos llenó de esperanza, esta alegría nos duró poco, pues nos dimos cuenta que el desastre que dejó Pellegrin en los colegios de nuestra Diócesis no importaba mucho y menos aún hacer actos de reparación. Lamentamos que el administrador no haya querido involucrarse directamente en la problemática de los colegios dependientes del Obispado y que haya seguido trabajando con las mismas personas que reclutó Pellegrin, esto ha generado desconfianza en las comunidades educativas. Tampoco ha sido una buena decisión cómo se ha manejado el llamado a concurso para elegir un nuevo rector, diferencias de rentas y requisitos muestran inconsistencias”, afirma el Centro de Padres.
Y añade que “respecto al litigio que tenemos con el Obispado por el cobro infundado del arriendo, esperamos que nos llamen de la Corte Suprema, pero de buena fe con dos fallos que dicen que el terreno no es del Obispado, ofrecimos un acuerdo al administrador para poner fin al juicio, pero no hubo respuesta”.
Ramón Solá, vocero de la Red laical Chillán, afirma que “podemos destacar que por lo menos ahora tenemos puentes de comunicación, pues nunca conseguimos reunirnos con el obispo Pellegrin. Sin embargo, conversar no significa que las cosas vayan avanzando”.
Solá valoró que “es positivo que haya reabierto algunos procesos canónicos. Lo que es negativo es que aún hay reticencia de un grupo de laicos hacia nosotros y también de una gran parte del presbiterio que siguen pensando que queremos destruir a la Iglesia. Hemos tratado de conversar con todos los sacerdotes, pero no ha sido posible, nos gustaría tener una visión más proactiva del administrador para hablar con ellos de forma institucionalizada. Son los sacerdotes que eran cercanos a Pellegrin y por lo mismo piensan que nosotros influimos en su salida”.
Y agregó que “nuestro norte fundamental son las víctimas, entendemos el dolor que en ellas generó los homenajes a Alberto Jara. Quiero aclarar que la Red laical no participó de esos festejos, pero también nos negamos a participar en funas porque nos pareció poco apropiado. Si hay que hacer un juicio debe ser a las personas que lo organizaron, aunque entendemos que son protocolos propios de la Iglesia. De Alberto Jara probablemente el único reproche que se le puede hacer es el encubrimiento y el silencio. Probablemente retrasaron la sanción de Salgado para no empañar los actos, eso hay que reconocerlo, son los manejos políticos de quienes administran las instituciones. Tal vez sea bueno que el Papa confirme al administrador como obispo, tal vez así tendría más autoridad, reconocemos que dentro del episcopado, por lo menos es uno de los más cercanos”.
Mirena Romero, chillaneja de la Red laical Chile, hace hincapié en que “esperamos que apoye a las víctimas, él y los sacerdotes han sido formados para proteger a la Iglesia como estructura, es tiempo de abandonar eso y de poder proteger a las víctimas. Se han formado muchos monitores de protección contra el abuso, pero si en este ambiente todavía persisten algunos pedófilos o personas que están abusando es muy difícil”.
