La Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Chillán inició ayer lunes la revisión de las 107 solicitudes de internos propuestas por los tribunales de conducta de las diversas unidades penales de la jurisdicción para el primer semestre de 2023.
La comisión es presidida por la presidenta del tribunal de alzada, ministra Érica Pezoa Gallegos e integrada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán Raúl Romero Sáez, Juan Pablo Lagos Ortega; y del Juzgado de Garantía de Chillán magistrados Manuel Vilches Meza y Paulina Rodríguez Zapata, además del secretario del tribunal de alzada, Gabriel Hernández y el oficial 3° Víctor Aravena.
Los integrantes revisarán 54 solicitudes del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Chillán, 10 del Centro de Detención Preventiva de Quirihue, 5 del Centro de Educación y Trabajo de San Carlos, 18 dl Centro de Detención Preventiva de San Carlos, 11 del Centro de Detención Preventiva de Yungay y 9 den Centro de Educación y Trabajo de Yungay.
El trabajo de la comisión está regido por el Decreto Ley N° 321, modificado por la ley 21.124, que establece como requisitos para postular al beneficio de la libertad condicional, haber cumplido la mitad de la condena y dos tercios en el caso de condenas por delitos graves; presentar una conducta intachable en el establecimiento penal, y contar con un informe de postulación psicosocial elaborado por un equipo profesional del área técnica de Gendarmería.
Además, en base al reglamento del Decreto Ley N°321 que determina que las comisiones de libertad condicional deben detallar fundadamente en sus informes si los postulantes cumplen o no cada uno de los requisitos, debiendo prestar especial consideración a la posible resocialización desglosada en los informes psicosociales.
Se proyecta una duración de al menos dos días para esta tarea.
