Señor Director:
Todas las empresas aspiran a una “casa en orden” y evitar problemas legales. Esto es un piso mínimo para crecer, generar valor y ser sustentable. La culpa viene de impresentables casos públicos de abusos y fraudes, pero también de cambios culturales profundos que implican distanciarse del lucro como fin último y recoger la noción de que las empresas cumplen un rol mayor, en la sociedad y la economía.
Hay consenso sobre qué políticas solo previenen eventos destructores de valor versus las que permiten expandirlo a trabajadores, clientes y comunidades. Así, el mero cumplimiento normativo habrá de modificarse por el de “mejores prácticas”. Leyes laborales y previsionales deben promover seguridad, buen clima, diversidad e inclusión, y sueldos “éticos”. Leyes societarias y comerciales exigirán gobiernos corporativos que se autoimpongan transparencia, información, independencia y profesionalismo. Leyes penales y sanciones administrativas, en tanto, fomentarán compliance y gestión de riesgos. Las donaciones que buscan ventajas tributarias no se conciben bajo el concepto de responsabilidad social empresarial. Y las leyes de protección al consumidor deben pensarse desde la innovación y compromiso con el ambiente.
Se estimaba que estas buenas prácticas podrían haberse aplicado con flexibilidad, en función del país o del tamaño y el giro empresarial específico. En Chile, los tiempos actuales no están para flexibilidad. La ciudadanía exige esas otras perspectivas, lo ha dejado claro.
Javiera Vela
Abogada
