Hace unos días, justo cuando en Valparaíso varios colegios decidieron no ofrecer el servicio educativo correspondiente porque en las cercanías se desarrollaría el funeral de un narcotraficante, el Ministerio de Educación envió a los centros escolares las “Orientaciones para la prevención y el manejo de emergencias ante situaciones críticas, constitutivas de delito, que impactan gravemente el bienestar de las comunidades educativas”.
El instructivo de 34 páginas que incluye cuatro anexos (que llevan a más documentos y remiten a otras numerosas normativas), es un protocolo para que las comunidades educativas planifiquen y ejecuten acciones de “prevención, manejo, asistencia y apoyo ante eventos críticos de delincuencia grave al interior y exterior de los establecimientos educacionales”. En específico, “las orientaciones dispuestas refieren a la comisión o tentativa de hechos delictivos como homicidios, riñas o enfrentamientos entre grandes grupos de individuos, y agresiones armadas (o de otro tipo), amenazas de muerte o a la integridad física que pongan en riesgo a la comunidad educativa”. La normativa señala que las escuelas han de realizar un diagnóstico y definir una estrategia que incluya identificar a lo menos “la presencia de pandillas; si existen puntos de venta de drogas en las cercanías del establecimiento educacional; si en el barrio del establecimiento educacional ha habido balaceras; espacios sin vigilancia en los alrededores del establecimiento educacional; teléfonos de emergencia que permitan el manejo oportuno de un posible evento crítico; posibles amenazas que afecten específicamente a niños o niñas menores de 6 años”.
¿En qué mundo estamos?; ¿cómo está concibiendo el actual gobierno el quehacer educativo?; ¿acaso el gobierno no es el responsable de garantizar un entorno seguro para que la comunidad, incluidos los jardines infantiles y colegios puedan trabajar tranquilos?
Los problemas de convivencia escolar no pueden ser confundidos con el crimen organizado ni con la delincuencia que está desbordando la paz social y a la ciudadanía. Desde luego que las comunidades educativas tienen que ser precavidas ante el aumento de la delincuencia. No obstante, es un error político, una anomalía en la aplicación de la justicia y un disparate formativo hacer creer que la violencia desatada, que la influencia e impunidad con que operan los narcotraficantes, delincuentes y criminales sea algo normal y en simultáneo, que los centros escolares deban actuar de acuerdo a lo que hagan los diversos grupos de antisociales.
Este tipo de orientaciones nos llevan a pensar que al mal se lo está disfrazando como si fuera algo trivial o banal, mientras que el bien moral pierde espacio ante la desidia de las autoridades. Los gobernantes, los parlamentarios y también las autoridades judiciales tienen una gran responsabilidad en hacer que volvamos a la normalidad. Son estos dirigentes los que deben crear nuevas leyes y ejecutar nuevos protocolos que garanticen que las escuelas puedan cumplir con su misión formativa y que todos podamos vivir en un entorno seguro.
