A pocos días de finalizar la administración de Sebastián Piñera, la ahora exseremi de Justicia, Jacqueline Guíñez, admitió que después de 4 años de diferentes gestiones, el proyecto para construir una nueva cárcel -que erradique el actual centro penitenciario ubicado en el centro de Chillán- continúa sin tener un terreno donde concretarse.
Se repite así la misma historia que conocimos en 2018 y también en 2014, e incluso en 2010, después del terremoto y la masiva fuga que terminó con dos reos muertos por militares y un gigantesco incendio que destruyó cuatro viviendas aledañas. De hecho, al revisar nuestro archivo de prensa, constatamos que ya en 2006 se proyectaba una nueva cárcel. En aquel momento se dijo que solo faltaba definir qué terreno sería comprado para luego licitar su construcción.
Como muchos otros anuncios, éste nunca se concretó, y es la nueva administración la que deberá que hacerse cargo de esta deuda, con la diferencia de que esta vez si existiría un proyecto que considera un diseño, la población penal que albergará y los servicios que ofrecerá. Sin embargo, persiste el problema de dónde construir las nuevas instalaciones, confirmando que lo que escuchamos de diferentes autoridades, de supuestas gestiones para adquirir aquel terreno que permitiría habilitar un moderno penal, fueron solo declaraciones efectistas que buscaban dominar la iniciativa política, pero sin la intención de realmente solucionar el problema que significa tener una cárcel al borde del colapso en pleno centro de la ciudad.
Para la Región de Ñuble y para Chillán es fundamental contar con una cárcel moderna y accesible, no por el impacto económico y de generación de empleos que también significaría su construcción y operación, sino que por el beneficio que representa sacar el actual recinto del centro de la ciudad y brindarle a los reos, familiares, gendarmes y abogados un espacio adecuado, que permita implementar políticas de reinserción.
Ahora, tras el ascenso de un nuevo Gobierno, las autoridades locales tendrán la oportunidad de volver a poner el tema en la agenda del nivel central. Y si bien es válido dudar de la concreción de este anuncio a la luz de la triste experiencia de abandonos y olvido, en el caso de que la propuesta tome fuerza y se lleve a cabo, es necesario considerar, al menos, tres aspectos.
En primer lugar, que se trata de un penal regional, de modo que su estándar debe ser acorde a esa nueva condición político-administrativa. En segundo lugar, sería deseable que esta vez sí exista mayor participación ciudadana en la discusión sobre la ubicación y características del proyecto, así como una actitud colaborativa de los alcaldes y las comunidades.
Y finalmente, la ubicación debe escogerse pensando en los usuarios del recinto, es decir, los mismos reos, sus familias, los funcionarios de Gendarmería y los abogados. No se trata de personas de segunda clase, y merecen contar con buena accesibilidad. Buscar terrenos a decenas de kilómetros de la ciudad es casi un exilio.
Es de esperar que esta vez se concrete esta iniciativa, pero de igual forma, que las decisiones de la nueva cárcel se tomen de manera participativa, a partir de consensos y con una perspectiva regionalista y humanitaria.
