El próximo lunes 29 de mayo, el pleno de la Corte Suprema definirá su posición en torno a las dos propuestas para cumplir con la sentencia del fallo por tabla de factores aplicada por las isapres, lo que podría incidir en la priorización que posteriormente realice el congreso al respecto.
Las opciones son la ley corta que ingresó recientemente el Gobierno para dotar de nuevas atribuciones a la Superintendencia de Salud para que pueda implementar los cambios requeridos; mientras que la otra es la reforma constitucional presentada en diciembre pasado por senadores de Demócratas y de Chile Vamos -que ya fue aprobada en general en la comisión de Constitución de la Cámara Alta-, como una suerte de vía alternativa.
Los diputados ñublensinos ya marcaron sus posiciones. Frank Sauerbaum, de RN, sostuvo que “nadie puede poner en duda el fallo del Poder Judicial. Lo importante es que se puean también recordar los derechos de los más de 3 millones de chilenos que hoy día dependen de una isapre y de la salud privada. Por lo tanto, hay que dar posibilidades de que estas busquen una fórmula de pago que sea conveniente, y que las mantenga y le puedan dar continuidad”.
Lo peor que puede pasar, dijo, “es que hagamos quebrar a las isapres y finalmente no se pague la deuda tampoco, y se interrumpa el servicio para más de tres millones de chilenos que dependen de la salud privada. Por lo tanto, es una solución bastante compleja, pero yo creo que con voluntad política se podrá resolver pronto”.
Según el independiente-DC, Felipe Camaño, “este grave problema se arrastra hace mucho tiempo, y las causas y las eventuales consecuencias de esta crisis no han sido manejadas con el rigor necesario”.
Añadió: “me parece una vergüenza que por la vía de la ley se pretenda doblar la mano a un fallo de la Corte Suprema que obliga a las isapres a pagar una deuda con sus afiliados. Esta operación solo tuvo como propósito darles un ‘perdonazo’ a estas prestadoras de salud para no devolver los abusivos cobros realizados a los usuarios por la adecuación de las tablas de factores de riesgo. Sin duda, este problema tiene muchas aristas, aquí nadie quiere ver a las isapres hundirse, pero tampoco el Estado puede estar tirando salvavidas. Estas deben adecuarse y cambiar el estado de ánimo para mejorar su salud, asumiendo sus errores, y dando la cara a sus usuarios”
Posiciones extremas
Desde la UDI, la diputada Marta Bravo aseveró que “lo primero que debería hacer el gobierno es dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, presentando un proyecto de ley que sea responsable y realista, que tenga la posibilidad de ser aprobado por el congreso, y que por cierto, asegure la continuidad del sistema y evite obviamente el colapso en el área de la salud. Por ello que es indispensable buscar una solución en la que la devolución de lo cobrado en exceso y la continuidad del sistema sean compatibles, y no se tenga que escoger una de ellas, sabiendo las consecuencias que podrían existir”.
Agregó que “el problema es que llevamos más de seis meses con posiciones absolutamente extremas, en que las isapres no son capaces de presentar una propuesta realista, y en que el Gobierno ha insistido con una ley corta que puede llevar a la quiebra de las isapres. Y es por eso que esperamos que se retome cuanto antes la discusión en esta materia, y se busque una solución que dé cumplimiento a este fallo de la Corte Suprema, pero que a la vez, dé tranquilidad a todos los pacientes, sobre todo a los pacientes crónicos y aquellos que tienen tratamientos vigentes”.
La legisladora del Partido Social Cristiano, Sara Concha, en tanto, planteó que “sin duda que el fallo de la Corte Suprema sobre el cobro excesivo de alzas de planes que realizaron las isapres debe concluir con el pago a los afiliados de los dineros cobrados en exceso. Pero para esto también es necesario que las isapres puedan buscar mecanismos para devolver los dineros en un plazo prudente, que les permita evitar su quiebra, con el fin de mantener su cobertura actual a sus afiliados, recordando que acá lo que está también en juego es la cobertura de la salud de millones de chilenos que no quieren perder su libre elección y desean mantenerse en un servicio privado de salud, lo cual es completamente lícito. Si no, terminaremos en un colapso total del sistema público de salud en Chile”
