Las familias de los estudiantes del país han dado a conocer sus dudas respecto de qué ocurrirá con los pagos mensuales que realizan a los colegios particulares y particulares subvencionados, entendiendo que estos, a pesar de estar entregando contenido en línea a sus alumnos, no lo están haciendo de acuerdo a las condiciones pactadas en el contrato anual con el establecimiento.
Frente a esta situación, el legislador ñublensino, Carlos Abel Jarpa, presentó este mediodía en el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca conseguir que el ahorro producto de la emergencia sanitaria que se genera para los colegios, sea traspasado a las familias.
“Hay que entender que la situación hoy no es normal en ningún sentido. No obstante, las clases se han seguido dictando en la medida de lo posible, tanto de los colegios, como de los alumnos, pero no de la manera pedagógica ideal, provocando una serie de dificultades a los padres y apoderados”, expuso el legislador.
Jarpa esgrimió que “Los establecimientos mantienen los pagos por colegiatura incólumes, aun cuando la prestación del servicio educacional ha variado, cuando no existe un catastro a nivel nacional de la situación de cada establecimiento en cuanto a cómo se están impartiendo los contenidos curriculares, cómo están accediendo a internet los alumnos, cómo se les aplicarán evaluaciones, si existe personal que está yendo a los establecimientos para prestar apoyo a los alumnos y alumnas que no puedan acceder al material de trabajo desde sus hogares, entre otros”.
Por esta razón, el proyecto busca que durante la vigencia del decreto Nº 104, de fecha 18 de marzo de 2020, que declara el estado de excepción constitucional de catástrofe a causa de calamidad pública en el territorio nacional, a consecuencia de la propagación de la pandemia denominada Covid-19, y durante su prórroga, en caso de existir; los establecimientos educacionales que reciban aportes del Estado y que mantengan un copago por parte de los destinatarios de la prestación de servicios educacionales, así como los establecimientos particulares, en los niveles pre escolar y de enseñanza básica y media, deberán hacer rebaja de sus aranceles anuales por alumno de un 30 por ciento.
