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Diputada Catalina Pérez: “Nunca he ocupado mi cargo para favorecer a nadie”

En medio de la controversia generada por los millonarios convenios firmados entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, la diputada Catalina Pérez, militante de Revolución Democrática (RD), emitió un comunicado público defendiendo su trabajo político y negando cualquier acto de corrupción.

La fundación, representada legalmente por Daniel Andrade, expareja de la parlamentaria, está siendo investigada por el Ministerio Público por supuestos delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y fraude al Fisco.

En su declaración, la diputada enfatizó que nunca ha faltado a la probidad ni ha utilizado su cargo para favorecer a nadie.

Quiero partir aclarando que jamás he faltado a la probidad y nunca he ocupado mi cargo para favorecer a nadie. No he infringido norma alguna ni he tenido conductas que traicionen los principios que han guiado mi actuar personal y político desde que empecé a militar a los 12 años”, expresó.

Pérez reconoció haber cometido un error de juicio al afirmar inicialmente que el caso era simplemente un problema entre dos hombres adultos, admitiendo así que tiene una dimensión de interés público. Además, reveló que su relación con Daniel Andrade, uno de los principales implicados en el caso, comenzó hace dos años y que ya no viven juntos.

En relación a la Fundación Democracia Viva, la diputada aseguró que nunca formó parte de ella, aunque admitió haber dado charlas como lo ha hecho con otras organizaciones, siempre de forma gratuita. Insistió en que jamás ha utilizado su cargo para beneficiar a esta o cualquier otra fundación o persona para obtener recursos del Estado, negando haber recibido algún tipo de beneficio personal.

“Quiero reiterar fuerte y claro: Nunca he hecho uso de mi cargo para interceder por esta ni ninguna fundación o persona para obtener recursos del Estado. Jamás he visto ni recibido un peso ni me he beneficiado de ninguna manera”, dijo en su comunicado.

La parlamentaria reconoció que no evaluó correctamente el impacto que los convenios con el Ministerio de Vivienda tendrían en el país y en el proyecto político que ha defendido junto con el presidente Gabriel Boric. Afirmó que se equivocó y cometió un error de juicio al respecto.

Cabe destacar que la investigación del Ministerio Público sobre los convenios y las acciones de la fundación Democracia Viva aún está en curso, y se espera que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.

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