La situación ocurrida el miércoles en un hogar del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Talcahuano, donde dos menores de edad resultaron heridos por la acción de policías uniformados, no solo gatilló la salida del general director de Carabineros, Mario Rozas, sino que volvió a poner en evidencia el abandono y la violencia de la que son víctimas niñas y niños desamparados.
Según cifras oficiales, cada año cerca de 200 mil niños, entre recién nacidos y hasta los 18 años de edad, pasan por las redes del Sename. Están entre los más vulnerables de los vulnerables, porque además de su precariedad socioeconómica de origen, estos niños y adolescentes son el fruto del maltrato físico y sicológico, del abandono, de la explotación en todas sus formas y del abuso sexual.
Sin embargo, las propias instituciones que debieran protegerlos después de haber experimentado graves vulneraciones en sus derechos esenciales, son incapaces de asegurarles esa tranquilidad, reproduciéndose en su interior, muchas veces, prácticas de las que esos menores fueron víctimas, y violencia a todo nivel, tanto dentro como fuera de las residencias. De hecho, la brutalidad con que carabineros reprimió a los menores en Talcahuano palidece ante otras denuncias que no han tenido la misma exposición pública.
Supuestamente, el Sename muy pronto será historia. Lo reemplazará el nuevo Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, cuya ley fue aprobada a fines de octubre. La nueva institucionalidad busca cambiar la estructura del servicio, dividiendo la atención en un servicio de protección a la niñez y adolescencia, éste traspasado al Ministerio de Desarrollo Social, y el Servicio de Responsabilidad Adolescente y de Reinserción Juvenil, al Ministerio de Justicia. Esta nueva estructura es la que ha reforzado la idea en el actual gobierno en plantear que pone “fin al Sename”
Sin embargo, la pregunta que expertos y educadores se hacen es si ello significará un real beneficio para los niños, niñas y adolescentes que han sufrido graves vulneraciones a sus derechos. Muchos temen que la respuesta sea no, pues existiría aún una importante mora de políticas públicas y reformas legislativas que son necesarias para una efectiva protección de los derechos de los y las menores, sin que necesariamente sean víctimas de violencia intrafamiliar, institucional o estructural. Ello es clave para no cargar al nuevo servicio con tareas propias de las políticas sociales universales, cosa que ocurrió con el agonizante Sename.
Son muchas las preguntas en torno al nuevo servicio, mientras los casos de vulneración de derechos siguen registrándose, sin una reparación, marcando a niños y niñas de por vida. De hecho, entre el tiempo que se tomó el Congreso para aprobar la ley y la instalación de una nueva institucionalidad, toda una generación de menores vulnerados habrá sido víctima irreparable de la desprotección, ante la cómplice mirada de la sociedad y de sus autoridades políticas.
