Toda obra o proyecto nuevo que se realiza en cualquier ámbito, supone una adecuada planificación que normalmente comienza con un diagnóstico que resulta fundamental para poder desarrollarla posteriormente, de forma ordenada y sin que se generen grandes inconvenientes ni retrasos.
En la elaboración de los diagnósticos no sólo interviene la parte técnica, que sin duda es clave, sino que también hay que considerar otros aspectos tales como la normativa legal, el impacto sobre el medioambiente y las repercusiones económicas y sociales que una nueva infraestructura o política pública generará en la comunidad.
En Chillán la principal expresión de esta mirada parcial ha sido el crecimiento inorgánico de la ciudad en los últimos 30 años, carente de regulaciones e incapaz de anticipar los impactos del desarrollo inmobiliario, el aumento de población y el incremento del parque automotor. Las consecuencias de ese desprecio por la planificación hoy nos están pasando la cuenta.
De la misma forma, pero adicionando otro factor al análisis, que es la voluntad política, podemos hallar otros ejemplos de iniciativas de planificación urbana que quedaron solo en el papel por el costo de reputación o de adhesión electoral que implican. Aquí se inscriben medidas impopulares como la eliminación del comercio ambulante.
Otro elemento, no siempre considerado en la elaboración y ejecución de proyectos, es la existencia o no de un adecuado y capacitado capital humano, que sea capaz de realizar diagnósticos adecuados, precisar acertadamente los costos y generar contratos con especificaciones claras, que a fin de cuentas son las que dan estabilidad a los oferentes y garantizan una siempre deseable competencia entre las empresas ejecutoras. En el caso de infraestructura pública se llama a una licitación si así lo exige la ley, todo lo cual se encuentra reglamentado y puede además ser fiscalizado, tanto por los organismos públicos correspondientes, como por la propia ciudadanía.
Licitaciones fallidas porque sus bases fueron incompletas, mal hechas o se calculó erróneamente abundaron en la anterior administración, algunas alcanzando gran notoriedad por la trascendencia de las obras y servicios a las que estaban asociadas.
Lo anterior nos lleva a otro paso dentro de la planificación y que también debe tener un enfoque técnico-económico: la determinación de la entidad o empresa que realizará los trabajos de ejecución e implementación. Un delicado equilibrio que no siempre está presente, pues generalmente prima un enfoque que le atribuye excesiva influencia al factor económico y los proyectos terminan siendo ejecutados por aquel oferente que simplemente cobra menos.
Abundan ejemplos donde lo barato ha terminado costando más caro, o donde el menosprecio de los aspectos técnicos o de los impactos sociales terminan arruinando los esfuerzos de planificación y dañando irremediablemente elementos positivos y a veces muy frágiles de ciudades a escala humana como la nuestra.
