En Carabineros hay una orden que viene de Santiago y que les prohíbe pronunciarse públicamente a nada de lo que pueda asociarse a sus actividades, desgaste o consecuencias en el contexto de las manifestaciones, marchas y desmanes generadas tras el 18-O.
Pero hay otra orden que viene de mucho antes, quizás desde los albores de esta institución y que no les permite manifestarse públicamente a ningún conflicto que les aqueje, como la falta de contingente, el cansancio, la desmotivación o incluso la sensación de desamparo que hoy, -aunque lo nieguen en la interna- puedan sentir.
Y si en la Región Metropolitana o en La Araucanía pareciera que las condiciones son más adversas que nunca antes para ser uno de esos carabineros de terreno, en otras más pequeñas y más tranquilas como las de Ñuble, estos 14 meses de conflictos y pandemia también ha dejado su huella.
“No creo que haya ningún carabinero que piense que la institución se está viendo sobrepasada, o que no estemos en condiciones de continuar con nuestras funciones en estos meses de Estado de Excepción, y eso te lo digo con la misma honestidad con la que también te admito que hay muchos que ya sienten el desgaste físico, mental, y peor aún, moral”, admitió un funcionario de la oficialidad regional, quien por razones obvias, pidió estricta reserva de su identidad.
Añade que “estos meses para nosotros vienen siendo de alta intensidad, no solo desde la pandemia, sino que de antes, cuando empezaron los problemas sociales por todos conocidos. Sinceramente creo que en todos los años que ya llevo de carrera, han sido los más complejos para la institución, porque han sucedido cosas para las que, no solamente nosotros, sino que nadie en el país, estaba preparado, pero hemos dado lo mejor y hemos ido aprendiendo al igual que el resto, a hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, aunque muchos no lo entiendan o no lo quieran admitir”.
Lo que sí es constatable, y por lo tanto indesmentible, es que para muchos funcionarios de Ñuble, en especial de comunas como Chillán y San Carlos, los horarios, los turnos y las extensiones de funciones se han alargado, lo que por cierto, corresponde a decisiones que se ajustan al marco legal orgánico de la institución.
“Pero son esos esfuerzos los que para muchos pasan invisibles. Acá lo que a varios nos está pasando es que llevamos más de un año viendo a nuestras familias entre cuatro y seis horas diarias, y generalmente de noche, por lo que son varios los que ven a sus hijos solo cuando están durmiendo. Y ni hablar de programar un panorama familiar”, añade la fuente.
Otro funcionario, de la rama suboficial y que lleva décadas trabajando en funciones preventivas en la capital regional, relata que “es cierto que hay varios con licencia, algunos por lesiones y otros del tipo siquiátrica. Nosotros en la interna, con las jefaturas hablamos harto sobre esto, tratamos de darnos apoyo y eso nos ha unido como nunca antes, y te lo digo en serio, nos conocemos desde hace años ya y no tengo para qué andar inventando cosas”, dice para acreditar su visión.
Reconoce que “la gente, no toda, pero sí mucha, ya cambió el trato que tenía con nosotros. Antes había mucho mejor onda que ahora, sobre todo con los jóvenes, que nos culpa por lo de la Araucanía, lo del caso Catrillanca, por lo del desfalco y hasta por las decisiones del Gobierno. Eso no nos afectaría tanto, si no fuera porque llegan a molestar a los hijos, y a nuestras familias y eso sí que es cobarde, y nos pega en la moral”.
Proyecto de reforma
Cuando se propuso suspender el servicio de algunas unidades especializadas de Carabineros, como por ejemplo la de la SIP y la Sebv (encargo y búsqueda de vehículos) para sumarlos a los servicios Covid, el Ministerio Público se opuso, dado que para ellos estas unidades son claves en sus investigaciones judiciales.
Tampoco fue visto con buenos ojos el que se dispusiera funcionarios de Carabineros en los controles sanitarios, considerando que esas funciones las hace el Ejército y en algunos casos personal civil y la demanda era por tener a los carabineros en sus funciones habituales.
Por otro lado, en Ñuble ya hay varios carabineros que quieren volver a sus funciones habituales, pero deben seguir en “modo Covid”.
Para colmo, no se ve de dónde sacar relevo y las postulaciones a Carabineros bajaron en un 71% este año.
Este tipo de determinaciones y el actuar que mostró la institución cuando comenzaron las manifestaciones del 2019, fueron claves para entender, por parte de algunos parlamentarios, que ya era el momento de hacer algunas modificaciones sustanciales a la institución.
Y hoy ya se trabaja en el Parlamento en un proyecto de ley para reformar a Carabineros.
“Lo primero que hay que entender es que cualquier reforma debe considerar dos aspectos que son fundamentales, uno es el mejoramiento de servicios, preparación y formación; pero como segundo punto, es muy importante lo que dice relación con el cuidado del personal”, explica el senador Felipe Harboe quien fue subsecretario de Carabineros entre 2002 y 2006.
El congresista cuenta que en sus clases en la universidad les dice a sus alumnos que este proyecto “debe ser como una pirámide que tiene tres puntas; una que les dé una seguridad jurídica, es decir que en caso de ser sancionados van a tener una defensa institucional; otra que les brinde seguridad física, es decir que van a contar con los elementos para estar protegidos ante situaciones de conflicto y alto riesgo ya sea por problemas de orden público o crimen organizado; y la tercera, sobre mejoras de seguridad social para ellos y sus familias, en cuanto a cobertura de salud, porque, por ejemplo, ellos no tienen plan Auge”.
Respecto al bajo interés actual por ingresar a Carabineros, Harboe plantea que la carrera no es atractiva, tampoco, por lo económico, en cambio sí puede resultar atractiva por la vía de las pensiones, pero eso son solo expectativas.
“Entonces al Gobierno le ha faltado también mirar la parte interna de Carabineros, es decir, preguntarse cómo somos capaces nosotros de levantarles la moral sobre la base de ciertos beneficios para quienes hacen bien su trabajo, y lograr que sientan que el Estado está detrás de ellos para respaldarlos y no persiguiéndolos”, dice.
Al menos en Chillán, más allá de los casos que algunos funcionarios deberá responder por materia de las querellas por violaciones a los Derechos Humanos, durante el periodo de marchas y protestas, hubo dos hechos puntuales en que dos carabineros fueron formalizados por la Fiscalía por dos operativos que terminaron con personas fallecidas.
El primero el 14 de julio, cuando se formalizó al conductor de una patrulla, quien por tratar de interceptar a un vehículo cuyo chofer buscó esquivar un control nocturno por toque de queda, generó un accidente que le costó la vida al civil.
La segunda, el 15 de octubre, con un funcionario a quien se le formalizó por homicidio, luego de dar muerte por dos balazos a un hombre quien agredió con un fierro al policía, cuando este intentó intervenir en un incidente por violencia intrafamiliar, en calle Alonso de Ercilla.
Y aunque los tribunales, resolvieron en ambos casos, no acceder a las medidas cautelares planteadas por el Ministerio Público, y los dejó en libertad, “acá hay dos claros ejemplos de un Estado persiguiendo a sus Carabineros por hacer su trabajo”, dice el abogado penalista, Rodrigo Vera Lama, quien fuera exfiscal militar de Angol.
Es más, explica que “en ambos casos, al menos en la audiencia de formalización, los tuvieron que representar abogados de la Defensoría Penal Pública, que no necesariamente conocer sobre leyes que rigen para la Justicia Militar. Y luego, tuvieron que contratar abogados particulares, entonces, no solamente se les persiguió por hacer su trabajo, sino que además, perdieron dinero en ello”, criticó.
El abogado, quien calificó como “nefasto” el apoyo jurídico que Carabineros le ofrece a sus funcionarios, recordó que en todas las regiones del país, la institución tuvo que habilitar espacios para aquellos funcionarios que queden en prisión preventiva como medida cautelar, tras una formalización, o para quienes resulten condenados.
“Solo hay dos regiones en las que aún no se implementan estos espacios, y una de ellas es Ñuble, por lo que aquí el funcionario que sea condenado o puesto en prisión preventiva, tiene que ingresar a la cárcel”.
Como corolario de esta relación entre la Fiscalía y Carabineros, el senador Harboe, junto con respaldar la decisión de los jueces de dejarlos en libertad, advierte que “lo que puede llegar a ocurrir es que tengamos Carabineros que se inhiban de actuar por temor a la represalia judicial”.
