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Denuncias por presuntas desgracias llegan a los 492 casos este año en la región

Quizás se trate de una de las situaciones más angustiantes que pueda experimentar una persona. El que un ser querido desaparezca, de forma repentina e inexplicable.

Es por tal razón que todos los organismos asociados a las emergencias, como Carabineros, la PDI, Bomberos y el Ministerio Público, generan operativos que importan la participación de decenas de personas, la utilización de logística compleja como los helicópteros, buzos tácticos o equipos de alta montaña.

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Sin embargo, por cada caso que figura en la prensa, hay al menos 100 más que no generan mayor noticia. Hoy, cuando la Región de Ñuble conoce los casos de Omar Jiménez, de San Carlos; Alberto Troncoso (el Pipo), de Chillán; y el del joven excursionista extraviado en la cordillera de San Fabián, Leonardo Molina, las estadísticas muestran que entre enero y el 24 de julio de este 2022, las denuncias por presuntas desgracias en la región suman 492 en total.

“Sin duda, cada caso tiene su particularidad y es único, pero ahora contamos con este proceso prestablecido que obedece al tipo de riesgo asociado. Por ejemplo, hay casos que terminan en suicidios, otros que son simples evasiones de las personas, otras que tienen que ver con accidentes, o que se relacionan con la participación de terceras personas”, explica la abogada asistente de la Fiscalía Regional, Daisy Salinas.

El nivel de riesgo se determina, en primera instancia, por la información que entregan las personas que hacen las denuncias, y cuando se está frente a casos de menor riesgos, se hacen sol las diligencias básicas; pero cuando se trata de casos de alto riesgo, las policías deben comunicarse de inmediato con el fiscal de turno para que ordene las diligencias necesarias.

De hecho, la creencia de que deben pasar 24 horas desde la desaparición de una persona para que se pueda hacer la denuncia, es falsa. Se puede hacer de manera inmediata. “Cuando se inicia un proceso se parte con un cuestionario, que incluso hace que algunas personas se molesten. Pero hay que saber que las policías necesitan toda la información posible para establecer el nivel de riesgo, factores como la edad, vestimenta, posibles enfermedades, orientación sexual, el saber si tenía enemigos o si había recibido amenazas y todo lo que se necesite para hacer un perfil”, explica la abogada.

Y aunque la mayoría se trata de casos ya resueltos, desde noviembre del 2020, tras un instructivo interno de la Fiscalía Nacional, se estableció un protocolo que estableciera para cada caso los factores de riesgo, que categorizara los tipos de desapariciones y que de acuerdo a ambas variables se establecieran las diligencias necesarias para cada tipo de caso.

No dejan de investigarse

El último año sin pandemia, es decir en 2019, las denuncias por presuntas desgracias fueron 1.062. Ya en los años de confinamiento, bajaron a 714 (2020) y 760 (2021). Hoy que a mediados de año casi se cuentan 500 casos, probablemente se llegue a los mil casos.

Pese a que desde Carabineros explican que a la fecha se mantienen 33 denuncias activas (14 de ellos menores de edad) pero ninguna con orden de investigar, en la Fiscalía dicen que “siempre se mantienen las investigaciones, o con Carabineros o con la PDI”.

De hecho, esta semana se realizó la última reunión entre el Ministerio Público y la PDI para coordinar los pasos a seguir respecto a los tres casos más emblemáticos.

“A veces el trabajo se demora por las complejidades propias de los rastreos, revisión de cámaras o conseguir información de actividad bancaria o telefónica, pero nunca dejan de investigarse”, cerró la abogada.

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Felipe Ahumada

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