Cuando en 1992 se llevó a cabo la primera elección de autoridades comunales en democracia, los partidos políticos tuvieron que hacer grandes esfuerzos para completar sus plantillas de candidatos. La razón, resultaba poco atractivo ser alcalde o concejal. Esa visión definitivamente ha sufrido grandes cambios. La percepción que la ciudadanía tiene de los municipios y autoridades también se ha desarrollado, pues la gente los ve como aquel órgano de la administración del Estado más cercano y por ende más efectivo para la solución de sus problemas.
Sin embargo, al intentar conjugar la disposición de las municipalidades a resolver los problemas de la gente con los requerimientos de ésta, surgen los conflictos y descoordinaciones que desde hace 30 años se han arrastrado e incrementado. La actual institucionalidad municipal data de la década del 70. Los gobiernos de la ex Concertación introdujeron sucesivas mejoras al diseño original, pero a pesar de esos avances, los cambios socioeconómicos, políticos y culturales de nuestro país en estas últimas tres décadas, no se han traducido en el debido ajuste que deben tener los gobiernos comunales para responder de manera transparente a nuevas necesidades. En la actualidad deben resolverse innumerables problemas que el legislador no previó para los municipios. Las direcciones de Obras, por ejemplo, pasaron de conocer problemas de construcción de un Chile del siglo 20 a relacionarse con grandes inmobiliarias que buscan aprovechar la vulnerabilidad del sistema para presionar en busca de condiciones favorables.
Históricamente, los departamentos municipales que otorgan permisos y patentes son caldo de cultivo para malas prácticas (favoritismo) o corrupción abierta. Estas van desde coimas a inspectores para vender en ferias libres, hasta contratos millonarios que son adjudicados a empresas que coimean a una larga cadena de funcionarios y autoridades.
La solución no es fácil, pero la experiencia de otros países e incluso de otras comunas del país, recomienda una mirada integral que incorpore desde auditores especializados, plataformas de información para realizar un seguimiento de las inspecciones, la publicidad y debate de los cambios a los planes zonales en el ordenamiento territorial e incluso servicios telefónicos para recibir denuncias contra funcionarios corruptos.
Sabemos que en muchos casos la denuncia no pasa del alarde o de un ilícito de baja monta, pero en otros, como el hilo de una madeja, comienza a desenredarse y a mostrar insospechados alcances y protagonistas.
Igualmente, hay otras áreas grises, como ocurre con amplios repertorios de mañas para manipular licitaciones por la vía de “valorar” con calificaciones especiales la oferta técnica, concepto que contra toda lógica y transparencia suele superponerse a la obligatoriedad de ser estricto con las empresas que postulan, exigiendo años de experiencia y récord de buenas prácticas empresariales, laborales y ambientales. Si así fuera, jamás calificarían empresas sin sustentabilidad y se eliminaría el cabildeo y las redes partidarias que buscan influir en la toma de decisiones.
El fin de ciclo de las actuales administraciones –y la forma como lo hacen en Ñuble, Chillán y San Carlos- como también la próxima elección municipal, ofrecen una coyuntura más que apropiada para un debate franco sobre estos asuntos y sobre todo una oportunidad para terminar con este velo de cinismo y opacidad que ensombrece la gestión municipal.
